Seis días después del plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, la reforma de la Ley de Salud Mental quedó en condiciones de ser pasada a la firma y avanzar al recinto del Senado. Aunque al oficialismo le faltaba una rúbrica, la presentación de un dictamen de minoría habilitó el tratamiento parlamentario del expediente. El trámite se produjo en un contexto de diferencias por la ausencia de un artículo específico sobre partidas presupuestarias.
Sesión prevista
Fuentes confirmaron a parlamentario.com que el próximo martes 27 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para fijar la sesión ordinaria del jueves 29. Además de la modificación a la Ley 26.657, el temario incluirá el proyecto para crear un marco regulatorio del mercado de carbono y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, acuerdo internacional suscripto por la República Argentina en 1970. La definición del orden del día será clave para medir el alcance político de la sesión.
La semana pasada se realizó el plenario entre Salud, a cargo de Ivanna Arrascaeta, y Legislación General, presidida por Nadia Márquez. La Libertad Avanza consiguió el apoyo del Pro y de Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas. También acompañaron la Unión Cívica Radical y el Movimiento Misionero, aunque esas bancadas anunciaron la firma en disidencia por la falta de un artículo que establezca las partidas presupuestarias.
Dictamen de minoría
A mediados de este miércoles, Convicción Federal presentó un dictamen alternativo y propició la llegada del expediente al recinto. Ese despacho llevó las firmas de Carolina Moisés, presidenta del bloque y vocal de Salud; Guillermo Andrada, integrante de Salud; y Sandra Mendoza, integrante de Legislación General. Sin participar del dictamen, los representantes del interbloque Popular plantearon que, si no hay partidas presupuestarias, la reforma “va a ser letra muerta”.
Cambios al régimen vigente
Entre los puntos centrales, el texto modifica el esquema de intervención judicial sobre las internaciones voluntarias: en lugar de autorización, propone que sean comunicadas al juez, que podrá pedir informes, peritajes o dejar sin efecto la internación si lo considera necesario. También incorpora la ludopatía al listado de adicciones y limita la referencia general a parientes a padres o hijos, sin excluir a representantes legales, cónyuges y convivientes.
La propuesta suma además un régimen de atención con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados para adultos, autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad y abordaje familiar y comunitario. También prohíbe las prácticas manicomiales y restituye la atención ambulatoria y domiciliaria, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral. El texto fija como internación prolongada la que supere los 180 días corridos o acumulados por reinternaciones en dos años, incorpora un registro específico y reconoce el derecho a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada.
