El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina 2000 cerraron la renegociación del contrato de concesión que habilita a la empresa a administrar los principales aeropuertos del país. El acuerdo modifica el plazo vigente y suma condiciones ligadas al financiamiento y a la ejecución de nuevas obras de infraestructura. La concesión quedará en manos de la compañía hasta el 13 de febrero de 2049.
La empresa había solicitado una extensión por 40 años, con un período inicial de 30 años y la posibilidad de agregar otros 10. El entendimiento final, en cambio, contempla una ampliación de 11 años sobre el vencimiento vigente. Ese ajuste reduce el plazo pedido por la concesionaria y, al mismo tiempo, mantiene abierta una segunda etapa de prolongación sujeta a condiciones verificables.
Condiciones de inversión
El nuevo esquema prevé la posibilidad de sumar otros siete años, pero esa extensión no será automática. Para acceder a esa prórroga adicional, Aeropuertos Argentina 2000 deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de US$600 millones destinados a infraestructura comercial. La verificación deberá surgir de un informe elaborado por una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, según el acuerdo informado.
El segundo requisito se vincula con el avance material de esas obras. El contrato establece que al menos el 75% de los proyectos asociados a esa inversión deberá estar terminado antes del 31 de diciembre de 2031. De ese modo, la eventual extensión extraordinaria quedará atada no solo a la disponibilidad de fondos, sino también al cumplimiento efectivo del cronograma de infraestructura comprometido.
Intervención oficial
En paralelo con el cierre de la renegociación, este lunes el presidente Javier Milei se excusó de participar en el procedimiento por su vínculo profesional previo con Corporación América. A partir de esa decisión, la competencia para intervenir en el proceso quedó en manos del jefe de Gabinete. El dato es relevante porque el expediente quedó formalmente separado de la intervención presidencial directa, en un contrato que involucra la administración de la red aeroportuaria principal del país.
La definición contractual deja como próximos hitos la acreditación de los US$600 millones antes de 2027 y la verificación del avance de obras hacia 2031. Esos dos puntos serán los que determinen si la concesión suma o no los siete años adicionales previstos en el acuerdo.
