La Cámara de Diputados de San Juan sesionará este miércoles para analizar el acuerdo entre la Provincia y Vicuña, un proyecto que prevé la asignación de recursos para obras de infraestructura. En ese contexto, el diputado por Calingasta, Jorge Castañeda, expresó su respaldo a la propuesta y puso el foco en las consecuencias que deja el avance de la minería sobre la red vial y los servicios básicos de la zona cordillerana.
En diálogo con Radio Mil20, el legislador sostuvo que desde hace años los departamentos del oeste vienen reclamando infraestructura adecuada para acompañar el desarrollo de los grandes emprendimientos mineros. Su planteo no se limita al impulso productivo, sino que apunta a una discusión más amplia: cómo sostener la actividad sin desatender las necesidades cotidianas de quienes viven en esos territorios.
“Estamos plenamente a favor de esta iniciativa”, afirmó Castañeda, al remarcar que las obras deben pensarse también en función de la vida diaria de los habitantes de los departamentos cordilleranos. La definición del diputado introduce un matiz central en el debate: el acuerdo con Vicuña aparece como una oportunidad, pero también como una respuesta parcial frente a una demanda estructural acumulada durante años.
Uno de los puntos más sensibles es el estado de la Ruta Nacional 40, eje de conexión de Calingasta con el resto de la provincia y corredor clave para el traslado de trabajadores, vehículos y cargas vinculadas a la minería. Según explicó el legislador, el tránsito permanente de camiones asociados a distintos proyectos y exploraciones provocó un deterioro importante de esa vía, con impacto directo sobre la circulación y la seguridad vial.
En ese marco, mencionó el movimiento generado por Veladero, Filo del Sol, Vicuña, Los Azules, Pachón, Casposo, Coipita y Altar, además de otras iniciativas en etapa de exploración. La enumeración refleja la magnitud de la presión que la actividad minera ejerce sobre la infraestructura existente y explica por qué el reclamo por obras dejó de ser una cuestión sectorial para convertirse en un problema de gestión territorial.
Para Castañeda, la mejora de caminos y servicios es indispensable no solo para acompañar el crecimiento minero, sino también para garantizar mejores condiciones de vida en Calingasta, Iglesia y Jáchal. Desde esa perspectiva, el debate legislativo trasciende la aprobación de un acuerdo puntual y abre una discusión sobre la capacidad de la provincia para anticiparse a las demandas que genera la expansión económica en la cordillera.
El diputado también señaló que el convenio con Vicuña representa apenas una parte de las obras necesarias para sostener ese proceso. Entre las prioridades mencionó la Ruta 149, que une Calingasta con Mendoza, la Ruta 153, la construcción de bypass en sectores urbanos y distintas intervenciones en Villa Calingasta, Tamberías y Barreal. A eso sumó la necesidad de avanzar con parques industriales que acompañen el crecimiento de los proyectos productivos y mineros.
“Todavía faltan aquellos proyectos que en Calingasta están a punto de comenzar y que también tendrán que hacer esfuerzos para que logremos las obras de infraestructura básica”, sostuvo. La frase resume una preocupación de fondo: si la expansión minera no viene acompañada por inversión pública y planificación, el costo recae sobre las comunidades locales y sobre rutas ya tensionadas por el tránsito pesado.
En ese sentido, Castañeda insistió en que el desafío es compatibilizar desarrollo y calidad de vida. “Hay que pensar en el desarrollo de los sanjuaninos, en la vida cotidiana de los sanjuaninos”, expresó. Y cerró con una advertencia que sintetiza el eje de su postura: “Tenemos que lograr las obras de infraestructura básica y que no rompamos la tranquilidad de los pueblos”.
