La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a reunirse el martes 15 de septiembre, a las 15:30, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo para retomar el tratamiento del proyecto de Reforma Electoral, después de cuatro meses sin actividad. El análisis será capítulo por capítulo y el oficialismo ya avanzó en algunos acuerdos con bloques aliados, aunque persisten diferencias sobre puntos centrales de la iniciativa. La reanudación del debate vuelve a poner en agenda modificaciones de alcance nacional sobre el sistema de votación, la organización partidaria y el financiamiento político.
Las PASO, el principal obstáculo
El punto de mayor discusión es la propuesta para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO. La Libertad Avanza todavía no reúne los votos necesarios para impulsar ese cambio y la posición de bloques aliados, en especial el PRO y sectores del radicalismo, complica la construcción de mayorías. Para modificar la legislación electoral se requiere mayoría absoluta en el Senado, un dato que condiciona el avance del proyecto. El Gobierno también evaluó alternativas para sumar respaldos, entre ellas la posibilidad de implementar un sistema de boletas colectoras, pero esa opción aún no convenció a gobernadores no kirchneristas.
Boleta única y partidos políticos
Además de la discusión sobre las PASO, la iniciativa prevé la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para todas las categorías electorales. Ese sistema incorpora fotografías de los candidatos y habilita votar por categoría o elegir una lista completa. El proyecto también fija nuevos requisitos para crear y sostener partidos políticos, con un mínimo de afiliaciones equivalente al 0,5% del padrón del distrito y mayores controles judiciales. En términos institucionales, la propuesta apunta a reordenar la competencia electoral y a elevar las exigencias de funcionamiento partidario.
Ficha Limpia y financiamiento
Otro eje es la incorporación del régimen de Ficha Limpia, que impediría ser candidato a personas condenadas por determinados delitos dolosos cuando exista una sentencia confirmada en segunda instancia. La iniciativa prevé además la creación de un registro público bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. En paralelo, el texto refuerza los controles sobre el financiamiento de campañas, con nuevas obligaciones para informar aportes privados y restricciones para determinados donantes. También incorpora reglas para la publicidad política en medios digitales y redes sociales, junto con un registro oficial de las cuentas usadas por partidos y candidatos.
Plazos y parlamentarios del Mercosur
El proyecto fija que las campañas electorales comenzarán 60 días antes de los comicios y terminarán 48 horas antes de la votación. Además, limita los actos de gobierno con finalidad electoral durante los 25 días previos a la elección. Como último punto, contempla cambios en la elección de los parlamentarios del Mercosur: la elección directa quedaría suspendida y los representantes serían designados entre diputados nacionales, sin percibir una remuneración adicional. El próximo paso dependerá de si el oficialismo logra cerrar acuerdos suficientes para llevar el texto al recinto.
