El Senado de la Nación aprobó este jueves, con 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención, la reforma de la Ley de Salud Mental y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa modifica la norma 26.657, sancionada en 2010, y reordena criterios de internación, atención especializada y financiamiento federal. La media sanción se produjo después de que el oficialismo anticipara el 14 de octubre que impulsaría el cambio legislativo.
La reforma retoma un planteo que el Gobierno había incluido en la Ley de Bases original y luego formalizó en un proyecto presentado en abril de este año. El texto fue reabierto para incorporar acuerdos entre bloques que permitieron su llegada al recinto. La discusión giró en torno a si la ley vigente, que prioriza un modelo comunitario y de derechos, requiere nuevas herramientas para casos de internación involuntaria, consumos problemáticos y cobertura territorial. En ese marco, el debate expuso posiciones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre la disponibilidad de recursos para aplicarla.
Internaciones y alcance Uno de los ejes centrales fue la redefinición de los criterios para disponer internaciones involuntarias. El proyecto establece que podrán ordenarse cuando exista un “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros, y habilita a considerar antecedentes, conductas previas e ideaciones dañinas, además de la evolución previsible sin tratamiento. También prevé que, en situaciones de urgencia, un solo médico pueda ordenar la internación, con ratificación posterior de un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
La iniciativa incorpora además a las adicciones dentro de las políticas de salud mental y habilita la teleconsulta con psiquiatras cuando no pueda garantizarse su presencia física. Otro cambio relevante es que las internaciones podrán realizarse no solo en hospitales generales, sino también en hospitales psiquiátricos especializados e instituciones específicas públicas o privadas. El texto mantiene, sin embargo, la prohibición de crear nuevos manicomios y ratifica el objetivo de sostener dispositivos comunitarios de inclusión social y laboral.
Financiamiento y control Durante la votación en particular, el misionero Carlos Arce propuso incorporar un artículo sobre financiamiento federal. El texto aprobado dispone que el Estado Nacional brindará asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios que deberán fijar costos, aportes, metas, cronograma de transferencia y mecanismos de rendición de cuentas. También establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá prever anualmente partidas específicas en el proyecto de Presupuesto nacional y publicar un informe de ejecución física y financiera por jurisdicción.
Ese artículo prevé que los recursos se destinen prioritariamente al fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la formación y contratación de recursos humanos, la teleconsulta, los dispositivos comunitarios y la atención infantojuvenil. Además, fija que la autoridad de aplicación definirá criterios objetivos de distribución en el ámbito del COFESA, con participación del COFESAMA. Arce sostuvo que la reforma requiere “equipos, capacitación, conectividad, infraestructura y servicio comunitario”, y remarcó que la ley debe precisar cómo contribuirá la Nación.
Posturas en el recinto La presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, explicó que el dictamen fue el resultado de un proceso de escucha con más de 70 expositores, entre instituciones, asociaciones civiles, familias y profesionales del derecho y la psiquiatría. La senadora oficialista afirmó que la ley vigente está “desactualizada” y que se necesitan “herramientas nuevas”. Desde el bloque Convicción Federal, el catamarqueño Guillermo Andrada coincidió en que la norma de 2010 tuvo avances, pero sostuvo que no logró cumplir sus objetivos por falta de recursos y reclamó controles parlamentarios sobre su ejecución.
En el mismo debate, la sanjuanina María Celeste Giménez Navarro cuestionó que se discuta una reforma en un contexto de ajuste económico y señaló que la salud mental no puede separarse de las condiciones materiales de vida. Por su parte, la catamarqueña Lucía Corpacci advirtió sobre la magnitud del problema y citó cifras de suicidios: entre 5 y 6 por día en la provincia de Buenos Aires y un promedio de 14 diarios en el país, según expuso en el recinto. También atribuyó el incremento reciente al endeudamiento, la incertidumbre y la violencia social.
Con la media sanción, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá analizarse si se mantiene el texto aprobado por el Senado o si vuelve a modificarse. Mientras tanto, la reforma ya incorpora una definición más amplia de internación, una nueva arquitectura de financiamiento federal y la posibilidad de usar teleconsulta y hospitales especializados dentro del sistema de salud mental.
