El peronismo propondrá incluir al sector pesquero en el endurecimiento de las sanciones que anunció Javier Milei para las empresas que participen en la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Fuentes del bloque peronista que conduce Germán Martínez adelantaron a LPO que esa será una de las propuestas cuando comience el debate para modificar la Ley 26.659 y endurecer las sanciones. La iniciativa se apoyará en que la pesca es la principal actividad económica en las islas y en que existen empresas extranjeras que operan allí y, a través de asociadas u otra razón social, tienen licencia para operar en la costa continental de la Argentina. En el sector se señala especialmente a empresas españolas.
Alcance del proyecto En su discurso del jueves, el Presidente habló de los proyectos de explotación petrolera y mencionó que las sanciones también serán para “otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales”. Esa referencia abrió el marco para que el peronismo intente ampliar el alcance del texto y llevarlo más allá del petróleo, con foco en la actividad pesquera. La discusión legislativa se dará sobre una norma ya existente, por lo que el cambio apuntará a reforzar el régimen de sanciones vigente.
Otras iniciativas en debate LPO ya informó que el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el convenio de doble imposición que otorga beneficios fiscales a las empresas del Reino Unido que obtienen rentas en la Argentina. En paralelo, el bloque peronista analiza incorporar una cláusula para que la base naval integrada de Tierra del Fuego, que Milei dijo que reactivará, no pueda ser operada por fuerzas extranjeras. Según explicó ese medio, en las Fuerzas Armadas sospechan que el mandatario quiere darle el manejo a Estados Unidos, que desde hace años no oculta su interés en esa base.
RIGI y control parlamentario Otra propuesta que se analiza es la creación de una comisión investigadora para determinar si empresas beneficiadas por el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— tienen operaciones en Malvinas. El caso que ya salió a la luz es el de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, la sociedad que desarrolla uno de los principales proyectos de exportación de GNL del país. Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
El debate legislativo quedará abierto cuando el oficialismo envíe el proyecto y la oposición formalice sus agregados. En ese tramo también podrían definirse los alcances concretos de las sanciones, las eventuales exclusiones sectoriales y el encuadre de las empresas alcanzadas por el nuevo texto.
