Tras una fuerte controversia con la oposición por el tono político de las exposiciones de los economistas invitados, el oficialismo consiguió avanzar con el dictamen de mayoría para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el respaldo de aliados parlamentarios.
En total, la propuesta reunió 42 firmas sobre 73 posibles, con apoyos del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Con ese escenario, el texto quedó habilitado para llegar al recinto en la próxima sesión, prevista para el 26 de agosto.
La iniciativa, que el presidente Javier Milei definió como la más importante de esta etapa de su gestión, apunta a consolidar por vía normativa una línea económica basada en la restricción de la emisión monetaria y en la idea de que imprimir sin respaldo profundiza los desequilibrios macroeconómicos.
El proyecto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles. Además, limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad, una modificación que busca acotar márgenes de financiamiento y ordenar el funcionamiento del organismo.
Otro de los puntos centrales es el refuerzo de la independencia del Banco Central. Para eso, la reforma endurece los requisitos para remover a su presidente y a los directores, al exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional, con el objetivo de reducir la exposición de la conducción monetaria a los cambios de gobierno.
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por tensiones desde el inicio. En Unión por la Patria cuestionaron la invitación exclusiva a economistas alineados con el Gobierno de Javier Milei y señalaron que sus intervenciones tuvieron más contenido político que técnico.
Frente a esos planteos, Santiago Pauli, presidente de Finanzas, sostuvo que había intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con Germán Martínez para informarle la modalidad de la reunión y consultar si desde el peronismo propondrían otros invitados. A su vez, Bertie Benegas Lynch, al frente de Presupuesto y Hacienda, intentó relativizar la controversia al afirmar que las exposiciones buscaban funcionar como un disparador del debate.
Sin embargo, la respuesta opositora fue tajante: los representantes de Unión por la Patria firmaron un dictamen de rechazo y se retiraron de la sala en el Anexo C de la Cámara baja. El gesto dejó en evidencia la fragilidad del consenso político alrededor de una reforma que, aun con respaldo suficiente para avanzar, sigue expuesta a una fuerte disputa narrativa.
Entre los expositores, Miguel Boggiano fue quien elevó más el tono al responsabilizar a gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Macri, por la herencia inflacionaria. También acusó a distintas administraciones de haber destruido el valor de la moneda y de haber utilizado al Banco Central para perjudicar a la sociedad.
En la misma línea, Ramiro Castañeira habló de un saqueo de la entidad monetaria durante las últimas dos décadas y recordó que las reservas llegaron a terreno negativo. Según planteó, la reforma propuesta evitaría ese tipo de prácticas y acercaría el esquema argentino al de Brasil, país que —dijo— cuenta con una carta orgánica similar.
Las intervenciones generaron malestar incluso entre aliados como el PRO, la UCR y el MID, que se sintieron aludidos por el reparto de responsabilidades. En ese contexto, Silvana Giudici y luego Gabriel Bornoroni debieron salir a pedir disculpas para descomprimir la tensión interna.
Más allá de la disputa política, los expositores insistieron en que la reforma podría mejorar la gobernanza de la política monetaria y aportar a la estabilidad del poder adquisitivo. Héctor Rubini vinculó la política emisiva del Banco Central con más inflación y con dificultades para sancionar presupuestos creíbles, mientras que Aldo Abraham reclamó una Carta Orgánica comparable a la de los países vecinos, a los que atribuyó niveles de inflación de un dígito.
En términos de fondo, el debate dejó planteada una definición de alcance institucional: si la reforma avanza en el recinto, el Banco Central quedará sujeto a reglas más estrictas para la emisión y con mayores resguardos frente a eventuales intervenciones políticas. Si tropieza, en cambio, la discusión volverá a exponer el desacuerdo de base sobre el rol que debe cumplir la autoridad monetaria en la Argentina.
