El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se declaró en alerta ante la evaluación oficial para sumar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. La organización sindical vinculó esa decisión con un proceso de desfinanciamiento de Vialidad Nacional y con el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
El gremio sostuvo que el Poder Ejecutivo impulsa un esquema de “vaciamiento deliberado” del organismo para justificar la privatización. En ese marco, calificó el proceso como un “ruticidio”, una expresión que usó para describir el deterioro de la infraestructura vial y su eventual traspaso a operadores privados. La acusación se apoyó en documentación oficial reconstruida por el sindicato.
Fondos recaudados y ejecución
Según STVyARA, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a infraestructura vial. De ese total, el sindicato afirmó que solo se ejecutaron $394.406 millones en obras. Al 31 de mayo de 2026, indicó además que más de $1 billón permanecía inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos.
El propio Poder Ejecutivo admitió después que parte de esos recursos eran administrados por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal, según consignó el comunicado gremial. Esa referencia es relevante porque el debate no se limita al estado de las rutas, sino también al destino de fondos específicos para la red vial y a su uso dentro de la política fiscal general.
Control estatal y reducción de personal
La titular de STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó la coexistencia entre más concesiones y menos capacidad estatal de control. “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó la dirigente. El gremio también señaló que se impulsa un segundo programa de Retiro Voluntario, mecanismo de desvinculación ofrecido por la administración pública, para reducir la dotación de Vialidad Nacional.
“No se puede exigir más control con menos Vialidad”, advirtió Aleñá, al sostener que se debilita la capacidad técnica pública antes de utilizar ese deterioro como argumento para contratar empresas externas. STVyARA rechazó además que la infraestructura vial sea evaluada bajo criterios de rentabilidad privada y afirmó que el esquema propuesto traslada funciones estatales a concesionarios sin resolver el financiamiento de fondo.
El planteo gremial deja abierta la discusión sobre el alcance de la futura red concesionada, la disponibilidad real de recursos para mantenimiento y el rol que conservará Vialidad Nacional en auditoría y control. El próximo dato a seguir es si el Gobierno formaliza la incorporación de los 26 tramos y bajo qué condiciones técnicas, contractuales y presupuestarias se instrumentará el sistema.
