Mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley 27.801, que instauró el nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. La medida define cómo se pondrá en marcha la norma en el ámbito de la justicia nacional y federal. Según el texto oficial, el objetivo es garantizar una implementación integral del sistema y orientar su aplicación hacia la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes alcanzados.
Autoridad de aplicación
La reglamentación designa al Ministerio de Justicia como Autoridad de Aplicación y le encomienda la implementación y coordinación del régimen. También le asigna la tarea de dictar las normas complementarias necesarias para poner en funcionamiento medidas socioeducativas, penas alternativas y otros dispositivos previstos por la legislación. En ese esquema, el decreto prevé articulación con los sistemas de salud, educación, seguridad, protección integral de la niñez y adolescencia, y programas sociales, culturales y laborales.
Supervisión especializada
Uno de los puntos centrales es la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, integrado por profesionales especializados en el seguimiento, la asistencia y el control de los jóvenes imputados. Hasta que se realice la primera convocatoria pública para conformar ese registro, el Ministerio de Justicia deberá elaborar un listado provisorio de profesionales habilitados, con una vigencia máxima de 180 días. El decreto establece que esos supervisores deberán acreditar formación en educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, trabajo social o tratamiento de adicciones, además de capacitación permanente y reemplazo en caso de impedimentos para ejercer.
Coordinación federal
El Poder Ejecutivo también creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y estará integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su misión será coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción de adolescentes comprendidos por el sistema, además de promover el intercambio de información técnica y estadística. En paralelo, se constituyó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio de articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para armonizar criterios de implementación y facilitar acuerdos de cooperación entre jurisdicciones.
Derechos y control judicial
La reglamentación también incorpora previsiones sobre los derechos de las víctimas, contemplados en la Ley 27.801. El Gobierno indicó que deberá garantizarse asistencia especializada, tutela judicial efectiva y patrocinio jurídico gratuito para quienes resulten afectados por delitos cometidos por adolescentes. Además, el decreto establece mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia para facilitar el seguimiento de los casos, preservando la reserva y confidencialidad de los procesos judiciales. La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad Nacional, Juan Bautista Mahiques, y entrará en vigencia junto con la ley reglamentada.
