El proyecto que pretendía modificar la Ley de Defensa de la Actividad Librera quedó, al menos por ahora, fuera de la agenda legislativa. Javier Milei confirmó ante una consulta de Infobae que la iniciativa “no entró ni va a entrar” al Congreso, una definición que cierra provisionalmente una discusión que había generado tensión en el sector editorial y librero durante las últimas semanas.
La propuesta había sido elaborada desde el ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y buscaba eliminar la conocida Ley de Precio Fijo. Esa norma obliga a vender los libros al mismo valor que fija el editor en cualquier punto de venta, por lo que el objetivo oficial era habilitar la competencia entre librerías para reducir precios. Sin embargo, el impacto potencial de ese cambio abrió un frente de conflicto con consecuencias directas sobre la estructura comercial del rubro.
Consultado sobre eventuales diferencias internas, Milei negó cualquier fisura y sostuvo que la agenda legislativa se define en la mesa política. También afirmó que existe “perfecta consonancia en el proceso decisorio”, en un intento por mostrar cohesión dentro del oficialismo en torno a las prioridades parlamentarias.
Antes de esa confirmación, Patricia Bullrich había anticipado que el bloque oficialista prefiere concentrar sus esfuerzos en “medidas más estructurales”, al señalar que “farmacias y librerías no lo son”. Esa postura terminó por dejar al proyecto fuera de la discusión inmediata, aunque desde el entorno de Sturzenegger aclararon que “no hay nada definido” y remarcaron que la norma no figura hoy en ningún proyecto en el Congreso.
La iniciativa había despertado un fuerte rechazo entre libreros y editores desde que trascendió el mes pasado. Esta semana, referentes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes expusieron en la Comisión de Cultura de Diputados los motivos de su oposición y advirtieron sobre los efectos que podría tener una desregulación de ese tipo en un mercado ya concentrado. Como antecedente, mencionaron el caso de Inglaterra, donde la flexibilización derivó en el cierre de 500 librerías y en la pérdida de participación de los comercios más pequeños.
Entre las críticas también se destacó la de Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo propietario de las cadenas Yenny y El Ateneo, quien había advertido en la revista Forbes sobre el riesgo de que actores de mayor escala, como supermercados o Mercado Libre, terminen desplazando a las librerías tradicionales. El planteo expuso una preocupación de fondo: que la apertura total del mercado no necesariamente se traduzca en más competencia, sino en mayor concentración.
No obstante, dentro del propio sector hubo matices. Algunos editores admitieron off the record que la ley vigente quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y de consumo. En esa línea, Víctor Malumián, de la editorial Godot y organizador de la Feria de Editores —que acaba de cerrar una edición con cerca de 40.000 visitantes—, planteó que una actualización de la norma es posible, aunque advirtió que la desregulación lisa y llana “no es la forma de hacerlo”.
También Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, remarcó que las librerías cumplen una función que excede lo comercial, ya que actúan como centros culturales y espacios de promoción de la lectura en las comunidades donde están insertas. Ese argumento refuerza la idea de que el debate no se limita al precio del libro, sino al rol que ocupa toda la cadena en la vida cultural del país.
Desde el equipo de Sturzenegger insistieron en que mantienen la disposición al diálogo con todos los actores del sector, aunque remarcaron que en esa conversación también debería contemplarse a los lectores, como destinatarios finales de la medida. Por ahora, el freno al proyecto preserva la vigencia de la Ley de Precio Fijo y representa una señal de alivio para librerías y editoriales, que lograron instalar su rechazo antes de que la iniciativa avanzara en el Congreso.
