El Poder Ejecutivo nacional abrió la posibilidad de revisar las partidas destinadas a Discapacidad y Universidades en el proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de ordenar la negociación con el PRO, la UCR y los sectores involucrados. En Balcarce 50 admiten que los cambios incluidos en la iniciativa alteraron el esquema de acuerdos y que el debate parlamentario será el ámbito para intentar cerrar ambos frentes de conflicto.
Discapacidad: el Gobierno procura desactivar la tensión generada por las modificaciones propuestas en el texto original y evitar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) para 2027. A cambio, plantea acordar un refuerzo de fondos, sostener compensaciones reclamadas por los prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024 y definir un esquema permanente. La controversia se concentra en la intención oficial de eliminar el nomenclador universal único por financiador y permitir que cada prestador fije sus valores sobre la base de un piso.
En ese marco, la Secretaría de Discapacidad oficializó un incremento mensual del 1,7% para septiembre, aplicado sobre el régimen vigente. Ese dato forma parte del esquema actual mientras continúa la discusión sobre el alcance de un eventual nuevo régimen y sobre el financiamiento necesario para sostenerlo.
Universidades: la estrategia oficial apunta a ampliar la oferta incluida en el proyecto enviado al Congreso sin aceptar de manera automática el reclamo de las casas de estudio. El texto del Ejecutivo asigna $7,349 billones para funcionamiento e inversión, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La diferencia entre ambas posiciones asciende a $3,65 billones, y será uno de los puntos centrales de la negociación legislativa.
En la Casa Rosada confían en que una asignación presupuestaria mayor permita reconfigurar el escenario judicial que derivó en cautelares y demandas por la recomposición salarial previstas en la Ley 27.795. El desenlace dependerá de la discusión en el Congreso, donde el oficialismo buscará sostener apoyos y evitar que el conflicto por financiamiento universitario se traslade a una nueva etapa judicial.
