La Cámara de Diputados discutirá el 15 de octubre si rechaza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, la norma que desreguló cientos de reglas económicas desde diciembre de 2023. La definición puede incidir sobre disposiciones vinculadas con tierras rurales, alquileres y prepagas, con impacto también en San Juan.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Si la Cámara baja adopta la misma decisión, quedará cumplido el requisito de la Ley 26.122, que exige el rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. Ese marco legal ordena el procedimiento parlamentario para este tipo de normas del Poder Ejecutivo.
Tierras rurales y alquileres
El debate se reactivó después de que la Corte Suprema confirmara el artículo del decreto que eliminó los límites a la compra de tierras por extranjeros. Antes de esa modificación, la Ley de Tierras Rurales fijaba un tope del 15% para la propiedad extranjera y limitaba a 1.000 hectáreas la superficie que podía tener un mismo dueño extranjero en la zona núcleo agrícola. El decreto también derogó la Ley de Alquileres, que establecía plazos mínimos y reglas de actualización para los contratos. Si Diputados rechaza el DNU, podría volver ese esquema anterior, aunque los contratos firmados durante su vigencia mantendrían sus condiciones actuales.
Prepagas y mercado interno
Otro punto alcanzado por la discusión es el control sobre las prepagas y obras sociales, porque el decreto le quitó al Estado la atribución de revisar las cuotas. Un eventual rechazo devolvería vigencia a parte de la Ley 26.682, aunque el efecto concreto dependerá de las normas dictadas después. El DNU también eliminó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y partes del régimen de Compre Argentino, herramientas que habilitaban la intervención estatal en el mercado interno. Además, cambió reglas de comercio exterior y la política de “cielos abiertos” para los vuelos.
Quórum y mayoría
Para abrir la sesión del 15 de octubre, la oposición necesita 129 diputados y hasta ahora reúne alrededor de 121, por lo que sigue negociando apoyos. Si logra el quórum, el rechazo del decreto requerirá mayoría absoluta de los presentes, el mismo recorrido que ya hizo el Senado en 2024. La ley aclara, además, que un eventual rechazo no sería retroactivo y regiría hacia adelante, con respeto por los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto.
