La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, en una sesión en la que el oficialismo debió negociar cambios para reunir mayorías. La iniciativa ahora deberá volver al Senado porque la Cámara baja introdujo modificaciones al texto original.
El respaldo a la propuesta impulsada por La Libertad Avanza se construyó con apoyos del Pro, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales. En cambio, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda votaron en contra, junto con otras bancadas. Entre las abstenciones hubo cinco diputados cordobeses vinculados al gobernador Martín Llaryora y Álvaro González, del Pro.
Alcance del proyecto El texto establece nuevas condiciones para las expropiaciones, agiliza los procedimientos de desalojo ante ocupaciones de inmuebles e incorpora cambios en el sistema de registro de propiedades. Según el contenido aprobado, el Estado deberá justificar cada expropiación mediante una declaración específica de utilidad pública y pagar previamente una indemnización calculada sobre el valor de mercado del bien. Además, la compensación incluirá el lucro cesante, es decir, la ganancia dejada de percibir por el propietario, un punto cuestionado por sectores opositores por su eventual costo fiscal.
En materia de desalojos, la iniciativa prevé procedimientos judiciales sumarísimos, una vía procesal abreviada para acelerar la restitución de inmuebles a sus titulares. También fija un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Durante el debate, la diputada radical Pamela Verasay sostuvo: “Las reformas que se imponen por decreto tiemblan todo el tiempo. Las que se construyen en el Congreso, perduran”. Desde el oficialismo, Santiago Santurio argumentó que la reforma busca fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para las inversiones.
La Ley de Tierras, el punto de mayor negociación La principal concesión del oficialismo fue mantener vigente la Ley de Tierras de 2011, que limita la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. El Gobierno pretendía derogarla, pero finalmente aceptó conservarla dentro del proyecto. Ese capítulo recibió 239 votos afirmativos, una mayoría que refuerza su respaldo legislativo frente a un eventual veto presidencial. La continuidad de esa norma también marcó un retroceso respecto de los planes originales del Ejecutivo, que había incluido su derogación en el DNU 70/2023.
Las críticas opositoras se concentraron en el impacto de las indemnizaciones y en los cambios que el Gobierno había intentado introducir sobre la legislación de tierras. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el alcance de las reformas originales, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, advirtió sobre el efecto económico que podría tener el reconocimiento del lucro cesante en las expropiaciones. Por su parte, Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria, planteó reparos sobre la posibilidad de que el nuevo esquema encarezca eventuales recuperaciones estatales de empresas privatizadas por razones de interés público.
Una sesión con más proyectos en discusión La votación sobre propiedad privada formó parte de una jornada parlamentaria más amplia en la que el oficialismo también buscó avanzar con otras iniciativas. Entre ellas figuró una modificación del régimen de pensiones por discapacidad, con una propuesta que contempla la compatibilidad de las pensiones con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, fija la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el nomenclador de prestaciones. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso citadas durante el debate, el costo fiscal podría acercarse a los $600.000 millones en 2027 y a los $1,2 billones en 2028, si se considera el padrón completo.
La agenda también incluyó un sistema obligatorio de trazabilidad de medicamentos, impulsado tras la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó al menos 90 muertes, además de medidas para endurecer sanciones por vandalismo rural y una propuesta para transferir gratuitamente a la provincia del Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras. Con la media sanción ya obtenida, el proyecto de propiedad privada quedó a la espera del tratamiento en la Cámara alta, donde se definirá su aprobación definitiva.
