La ex presidenta Cristina Kirchner formalizó ante las Naciones Unidas una presentación para que se revise la Causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión domiciliaria. La gestión fue realizada por su defensa y apunta a cuestionar la validez del proceso judicial que terminó con la sentencia firme.
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron nueva evidencia ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional. Según sostienen, durante el juicio se vulneraron derechos fundamentales y por ese motivo solicitaron que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos.
La condena quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario de la defensa y ratificó por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2. Ese cierre judicial dejó a la defensa sin instancias internas para revertir el fallo, por lo que acudió al sistema internacional de protección de derechos.
Antecedente y alcance
El planteo fue dado a conocer una semana antes en conferencia de prensa y, según la defensa, apunta a que el caso sea tratado en octubre durante la próxima sesión del Comité, con sede en Ginebra. Ese órgano está integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.
Próximo paso
Las decisiones del Comité no son vinculantes, pero pueden ser citadas como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores y tener incidencia política e institucional. En la presentación, Beraldi afirmó el martes 15 de septiembre: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".
En esa misma exposición, el abogado agregó: "Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez" y sostuvo que "sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento". El expediente queda ahora pendiente de la eventual incorporación al temario de octubre en el Comité de Derechos Humanos.
