El diputado nacional Emir Félix presentó un proyecto de ley que busca suspender de manera transitoria la porción de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono destinada al financiamiento del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La iniciativa plantea que esa medida se mantenga mientras existan recursos previamente recaudados para infraestructura vial que todavía no hayan sido aplicados a ese destino.
El planteo tiene un impacto directo sobre la estructura tributaria vinculada a los combustibles, ya que propone una reducción del 14,08% en los montos alcanzados por esos gravámenes. Sin embargo, el texto aclara que la suspensión no afectará otros destinos de la recaudación, como el sistema previsional, el Fondo Nacional de la Vivienda, el transporte automotor y ferroviario, ni las provincias.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la determinación, dentro de los diez días hábiles de su eventual entrada en vigencia, del denominado “Saldo Vial Acumulado”. Ese fondo estaría integrado por disponibilidades bancarias, inversiones financieras, créditos y otros activos vinculados al sistema vial provenientes de recursos ya recaudados. La propuesta establece que esos fondos deberán orientarse prioritariamente a conservación, mantenimiento, rehabilitación y seguridad de la Red Vial Nacional, además de la finalización de obras con ejecución parcial.
La iniciativa también busca cerrar la posibilidad de que esos recursos tengan otro uso. En ese sentido, dispone que no podrán ser transferidos al Tesoro Nacional ni destinados a fines distintos de los previstos para el sistema vial. La suspensión del componente vial del impuesto, además, sólo cesaría cuando la Auditoría General de la Nación certifique que el saldo acumulado y sus rendimientos fueron efectivamente aplicados a obras, bienes y servicios vinculados con la red vial.
En los fundamentos, Félix plantea que el Estado no debería seguir exigiendo nuevos recursos con afectación específica mientras mantiene sin ejecutar una masa extraordinaria de fondos ya recaudados para el mismo objeto. Bajo esa lógica, la propuesta no sólo apunta a aliviar la carga sobre el precio de los combustibles, sino también a presionar por una mayor velocidad en la inversión en rutas.
Según el proyecto, entre comienzos de 2024 y mayo de 2026 habrían ingresado al Sistema Vial Integrado más de 1,5 billones de pesos, aunque sólo una parte de esos recursos habría sido ejecutada. Ese desfasaje es el que, según la iniciativa, vuelve difícil justificar la continuidad del cobro de tributos destinados a obras viales mientras persisten fondos sin aplicación efectiva.
