El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, cuestionó el planteo para que la causa del Acueducto Gran Tulum pase a la Justicia Federal. Sostuvo que el expediente debe permanecer en el ámbito provincial porque los hechos ocurrieron en la provincia y afectan a sus habitantes. La definición sobre la competencia, sin embargo, queda en manos de los jueces.
Competencia judicial Baigorrí afirmó que, a su criterio, el traslado al fuero federal es “absolutamente insostenible”. Al fundamentar su postura, señaló que el delito habría ocurrido en San Juan y que los perjudicados son sanjuaninos. También mencionó antecedentes judiciales, entre ellos un reciente fallo de la Corte que involucró a la provincia, como respaldo de su posición.
El funcionario también rechazó que el origen nacional de parte de los recursos públicos alcance para modificar la jurisdicción. En ese punto, sostuvo que una porción importante de los fondos provinciales proviene de la coparticipación federal. “El argumento que el dinero viene de Nación es insostenible”, remarcó durante la entrevista.
Próxima audiencia Baigorrí aclaró que su opinión no determina el resultado del planteo. “A mi criterio no, pero esto es una decisión que toman los jueces”, dijo al ser consultado sobre si debía prosperar el pedido de intervención de la Justicia Federal. Además, confirmó que la nueva audiencia en la causa está prevista para noviembre y señaló que las cuestiones específicas del expediente deben ser tratadas con los fiscales que intervienen.
Las declaraciones se produjeron en el marco del Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, que comenzó en San Juan. En ese ámbito, Baigorrí destacó la necesidad de cooperación entre jurisdicciones, fiscalías y entidades privadas para investigar delitos informáticos, cuya complejidad puede exceder una sola provincia. También advirtió sobre el crecimiento del cibercrimen y sobre la circulación de material de abuso sexual infantil, un tipo de investigación que exige coordinación para evitar la revictimización de menores.
En paralelo, el fiscal general fue consultado por la participación de senadores y diputados en instancias judiciales mientras siguen en funciones. Consideró que no hay razones para impedir su asistencia y mencionó la posibilidad de que intervengan por videoconferencia, aunque aclaró que la jueza resolvió que debían concurrir según lo dispuesto. La discusión sobre la competencia del caso y la próxima audiencia de noviembre quedan ahora como los dos puntos a seguir en el expediente.
