La causa contra un efectivo policial por un disparo con su arma reglamentaria durante un servicio adicional en una escuela de Chimbas avanzó a la etapa de juicio. Este miércoles, la jueza rechazó los planteos de la defensa, incluido el pedido de sobreseimiento, y dejó el expediente listo para el debate oral.
La confirmación fue realizada a TELESOL por el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, quien señaló que en la audiencia se concluyó el análisis de las pruebas que serán utilizadas en el juicio. Según explicó, la instancia fue la continuidad de un cuarto intermedio dispuesto la semana pasada, cuando la defensa había presentado distintos planteos para desvincular al imputado de la causa.
La imputación recae sobre el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, figura prevista en el artículo 248 del Código Penal. La Fiscalía sostiene que el hecho ocurrió el 18 de abril de 2025, cuando el uniformado cumplía un adicional en una escuela del departamento. En ese contexto, se habría producido un disparo con una pistola calibre 9 milímetros.
De acuerdo con la investigación, el proyectil no quedó dentro del establecimiento y terminó ingresando en una vivienda cercana. El fiscal indicó que la bala atravesó una ventana de una casa ubicada a pocos metros de la escuela y quedó incrustada en una pared de material Durlock, a unos 1,85 metros de altura. Para el Ministerio Público Fiscal, ese uso del arma fue indebido.
La defensa planteó que el disparo se habría producido porque personas desconocidas arrojaron piedras contra la escuela donde trabajaba el policía. Plaza sostuvo que esa hipótesis no cuenta, por ahora, con personas identificadas ni con daños verificados en el establecimiento que la respalden. “No hay alguna persona sindicada, no hay daños verificados en el establecimiento que puedan contactar con la teoría del caso de la defensa”, dijo.
Con la producción de prueba prácticamente cerrada, la Fiscalía pedirá que se fije la audiencia de juicio oral y público. Plaza adelantó que la pretensión punitiva será de 2 años de prisión condicional, además de una posible inhabilitación para ejercer funciones en la fuerza policial por tratarse de un funcionario público. El próximo paso procesal será la fijación de la fecha del debate.
