Después del secuestro de cerca de 32.500 kilos de cobre en distintos procedimientos realizados en San Juan, la Policía brindó precisiones sobre los controles aplicados a recuperadoras y chacaritas, y sobre las exigencias que deben cumplir para recibir este tipo de material.
El comisario Andrés Vilches, jefe de la Policía Rural, explicó que en los operativos intervinieron la Unidad de Apoyo Investigativo, Leyes Especiales y la Policía Rural. Según indicó, el eje estuvo puesto en verificar la trazabilidad de los metales no ferrosos, en especial del cobre, un punto central para establecer la legalidad de su tenencia y circulación.
Vilches sostuvo que estos locales deben ajustarse a la normativa vigente y cumplir requisitos específicos, entre ellos llevar actualizado el libro de Industria y Comercio y poder acreditar el recorrido del material. En ese sentido, remarcó que la trazabilidad resulta determinante para sostener la actividad dentro de los márgenes legales.
Por su parte, el subcomisario Guillermo Gelvez, de Leyes Especiales, señaló que las inspecciones se realizan en el marco de la legislación que regula este tipo de comercios. Afirmó que los propietarios están obligados a demostrar de dónde proviene el material que reciben y a registrar su ingreso, permanencia y eventual devolución, especialmente cuando se trata de cobre.
En relación con los cables secuestrados y la posibilidad de que algunos hayan sido sustraídos, Vilches pidió prudencia y aclaró que esa definición dependerá de la investigación. La existencia de denuncias por robos de cables y elementos de cobre en distintos puntos de la provincia refuerza, en ese marco, la necesidad de profundizar las pericias para determinar procedencias y eventuales responsabilidades.
Los funcionarios también advirtieron que, mientras algunas de las chacaritas inspeccionadas contaban con habilitación, otras no tenían la documentación necesaria para respaldar la tenencia de los materiales. Esa situación abre un frente de control más amplio sobre un circuito comercial que, por su naturaleza, puede convertirse en espacio de recepción de bienes de origen ilícito.
Vilches agregó que existen denuncias en zonas alejadas, donde transformadores eléctricos y distintos tipos de cables quedan más expuestos. El dato refuerza la preocupación por el impacto que estos robos generan no solo en la seguridad, sino también en la infraestructura y en la capacidad de respuesta de los servicios afectados.
