El 30 de agosto, Franco Martín Aguilera Castro, de 28 años, fue señalado por el robo de una campera y una carretilla en una vivienda ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín, en Santa Lucía. El caso derivó en una persecución por la zona y terminó con su detención. La resolución posterior le otorgó la suspensión del juicio a prueba por un año, una salida procesal prevista para determinados casos bajo condiciones fijadas por la Justicia.
Según el relato del expediente, la víctima advirtió el robo y salió junto con su esposa a buscar al sospechoso. Lo encontraron caminando por la avenida con la campera sustraída y, tras interceptarlo, recuperaron la prenda. Después intervino un policía que realizaba recorridas por el sector y aprehendió a Aguilera Castro. Más tarde, los efectivos también hallaron la carretilla, que había sido descartada en la vivienda de un vecino.
La prenda tenía el logo de PAP y las iniciales “GD” en la solapa, rasgos que permitieron al propietario reconocerla como propia. El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, que intervino en la tramitación del caso. La causa avanzó sin llegar por ahora a debate oral, a partir del acuerdo que habilitó la suspensión del proceso.
Condiciones impuestas
La medida establecida por la Justicia obliga a Aguilera Castro a cumplir 40 horas de trabajo no remunerado en favor del Estado. Además, deberá realizar una reparación simbólica durante el período fijado. Si incumple las condiciones, la suspensión del juicio a prueba puede quedar sin efecto y el expediente retomar su curso judicial. Por el momento, la definición mantiene el caso en un régimen de control durante los próximos 12 meses.
