La causa por la millonaria compra de equipamiento informático para la Policía de San Juan sumó un nuevo elemento que podría modificar el rumbo de la investigación. Pericias técnicas detectaron documentación vinculada al Ministerio de Educación en impresoras secuestradas durante un allanamiento, lo que alimenta la hipótesis de que los equipos no eran nuevos y habrían pertenecido previamente al Estado provincial.
El expediente que investiga la adquisición de equipamiento informático para la Policía de San Juan continúa incorporando pruebas que comprometen aún más la operatoria realizada durante la gestión anterior. En las últimas horas se conoció que parte de las impresoras recuperadas en el marco de la investigación contenían registros de impresión vinculados al Ministerio de Educación, un hallazgo que abre una nueva línea de análisis para los investigadores.
La información surgió a partir de las pericias informáticas practicadas sobre los dispositivos secuestrados. Al reconstruir el contenido almacenado en la memoria interna de algunas impresoras, los especialistas detectaron documentos correspondientes a esa cartera provincial, circunstancia que fortalece la presunción de que esos equipos ya habían sido utilizados antes de ser incorporados al supuesto lote destinado a la fuerza policial.
Por el momento, la Justicia no descarta ninguna hipótesis. Los investigadores deberán determinar si efectivamente las impresoras provenían de alguna dependencia pública o si existe otra explicación para la presencia de ese material. Tampoco se descarta que puedan aparecer equipos pertenecientes a otras áreas del Estado a medida que avancen las pericias.
La causa fue formalizada a comienzos de este mes por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales. El fiscal Roberto Ginsberg solicitó un plazo de un año para desarrollar la pesquisa, que tramita bajo las figuras de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación tiene su origen en la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets destinada a modernizar el equipamiento tecnológico de la Policía de San Juan. La adquisición, financiada con recursos enviados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, representó una inversión cercana a los 90 millones de pesos, aunque los equipos nunca llegaron a ser distribuidos en las dependencias policiales.
Uno de los momentos determinantes del expediente ocurrió cuando la responsable de la empresa proveedora informó al Tribunal de Cuentas que el equipamiento permanecía guardado en un depósito privado ubicado en Capital. A partir de ese dato, la fiscalía obtuvo una orden judicial para allanar el inmueble, donde fueron encontrados equipos embalados que coincidían con los bienes adquiridos por la Provincia.
Sin embargo, los análisis posteriores revelaron importantes inconsistencias. Las computadoras secuestradas no reunían las especificaciones técnicas establecidas en la contratación oficial y, además, se detectó que algunas licencias del sistema operativo habían sido instaladas mucho tiempo después de la fecha en que, según la documentación administrativa, el equipamiento ya había sido entregado.
Las impresoras también quedaron bajo la lupa. Los investigadores consideran que la información almacenada en sus memorias constituye un indicio relevante para establecer el verdadero origen de esos dispositivos y reconstruir el recorrido que tuvieron antes de aparecer en el depósito allanado.
Hasta el momento permanecen imputadas cinco personas. Entre ellas se encuentran la empresaria María de Lourdes Quiroga Coll; Enzo Ariel Fava, quien se desempeñó como representante técnico de la Secretaría de Seguridad; el comisario mayor retirado Jorge Eduardo Santoni; y los comisarios Juan José Valverde y Juan José González. Todos enfrentan cargos por presuntas irregularidades en la operación, mientras que cuatro de ellos también fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En paralelo a la investigación penal, la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública confirmó el inicio de actuaciones administrativas para analizar la conducta de los dos efectivos policiales involucrados. Mientras se desarrolla ese proceso, ambos continuarán desempeñando sus funciones.
La Fiscalía de Estado también interviene en el expediente como querellante, en representación de los intereses de la Provincia, mientras las pericias continúan buscando determinar si el equipamiento entregado respondía a lo contratado o si existió una maniobra que ocasionó un perjuicio económico al Estado sanjuanino.
