La investigación por la muerte de Ángela Lita Álvarez, la jubilada hallada sin vida en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, tuvo una definición procesal para Cristian Nahuel Videla: la Fiscalía dispuso su libertad y el juez Pablo León reemplazó la prisión preventiva por medidas de control. La resolución no implica sobreseimiento ni desvinculación de la causa, que sigue caratulada como robo seguido de muerte.
Según informó la UFI Delitos Especiales, la decisión se adoptó luego de revisar registros de cámaras de seguridad y cotejar pruebas de ADN. Esos elementos, de acuerdo con la valoración fiscal, no alcanzaron para ubicar a Videla en el lugar del hecho. En la audiencia, el ayudante de la Defensoría Oficial, Carlos Fleury, no se opuso al planteo del Ministerio Público.
Medidas de control A partir de esta resolución, Videla deberá presentarse periódicamente en la Comisaría 5ª, correspondiente a la zona de su domicilio, y comprometerse a no obstaculizar el avance de la investigación. Las restricciones fijadas tendrán una vigencia de 10 meses, plazo durante el cual continuará sometido al proceso penal. La causa permanece en trámite y la Fiscalía deberá seguir reuniendo elementos para determinar el grado de participación de cada imputado.
El hecho investigado El caso salió a la luz cuando un vecino advirtió que dos personas intentaban retirar una heladera de la vivienda de Álvarez en un carro atado a una bicicleta. El hombre logró reducir a Gabriel Alejandro Pozo y dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos de la Comisaría 5ª llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo de la jubilada junto a su cama.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el robo se habría desarrollado entre el 23 y el 27 de julio. Durante ese período, los sospechosos habrían ingresado en distintas oportunidades a la vivienda para llevarse electrodomésticos, muebles y ropa de cama. Los estudios histopatológicos posteriores determinaron que Álvarez murió por asfixia por sofocación, lo que modificó la calificación legal del expediente. Los cuatro acusados quedaron imputados como presuntos coautores de robo seguido de muerte, figura que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Los otros imputados Mientras Videla recuperó la libertad, Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores y Nahuel Ángel Vera continúan detenidos por su presunta participación en el hecho. Antes de esta resolución, la jueza Ana Lía Larrea había reducido de 12 a 10 meses el plazo de prisión preventiva de los cuatro imputados, a pedido del defensor oficial Hugo Trigo. La investigación sigue abierta y los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad, además de buscar a otros dos sospechosos que permanecen prófugos.
