La causa contra Sandra Deolinda Maya, exliquidadora de sueldos del Ministerio de Educación, quedó nuevamente en agenda judicial después de la condena dictada el 30 de julio contra Mauricio Alberto Vega. En ese expediente derivado, Vega recibió dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar un cargo público por estafa en perjuicio de la administración pública. Según recordó el fiscal Daniel Galvani ante el juez de Cámara Juan Bautista Bueno, la investigación de Vega surgió de una causa anterior vinculada con irregularidades detectadas en las liquidaciones de sueldo realizadas por Maya. Esa relación procesal vuelve relevante el estado del expediente principal, que aún espera juicio.
La maniobra investigada Según la acusación, Maya realizó 21 operaciones entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 desde cuentas del Estado hacia su cuenta bancaria por un total de 1.310.099,70 pesos. Fuentes judiciales estimaron que ese monto equivaldría hoy a unos 55 millones de pesos. La denuncia fue presentada a mediados de 2019 por quien entonces era secretaria Administrativa del ministerio, y el expediente registra un procesamiento sin prisión preventiva fechado el 27 de julio de 2022. La causa permanece sin debate oral y, según el estado procesal informado, fue derivada a la Unidad Conclusiva por tramitar bajo el sistema penal viejo.
El mecanismo detectado La auditoría de la Contaduría General de la Provincia sobre los movimientos bancarios del Ministerio de Educación permitió detectar las irregularidades. De acuerdo con lo reconstruido en la causa, la empleada ingresaba los nombres de docentes en el sistema y, al momento de consignar la cuenta bancaria para la transferencia, cargaba la propia. Así, no dejaba de abonarse el sueldo correspondiente a los docentes, sino que generaba operaciones duplicadas: una con los datos correctos y otra con destino a su cuenta. Ese procedimiento fue el que derivó en la apertura del expediente y en la posterior investigación de Vega como desprendimiento del mismo caso.
Bienes y medidas cautelares Con parte del dinero presuntamente desviado, Maya habría arreglado su casa del barrio Luz y Fuerza y comprado una camioneta Fiat Toro Freedom 4x2, por la que pagó 835.000 pesos. Según el expediente, transfirió 204.000 pesos de seña desde su cuenta, realizó pagos posteriores y completó el monto con otras tres transferencias por 200.000 pesos en menos de 20 días. Cuando se allanó su domicilio, la policía secuestró elementos y el vehículo, que quedó a disposición de la Corte de Justicia. Además, la Justicia embargó las cuentas de la imputada. En caso de que la causa prescriba, el rodado debería ser restituido a su propietaria.
Estado procesal Fuentes judiciales indicaron que esperan que el expediente sea elevado a la Sala Penal correspondiente para que fije fecha de debate. La previsión que manejan es que el juicio pueda comenzar este año o, a más tardar, en los primeros meses de 2027. Mientras tanto, la causa de Maya sigue pendiente pese a haber sido la primera en iniciarse, y el expediente de Vega fue resuelto antes, aunque surgió como ramificación del mismo caso. Ambos exagentes fueron desvinculados del Estado provincial; en el caso de Maya, la cesantía se dispuso en agosto de 2021, luego de resolverse su sumario administrativo.
