Alejandro “Tati” Jofré, penitenciario acusado de organizar una maniobra de falsas inversiones entre compañeros del Servicio Penitenciario, estaría cerca de cerrar su causa con un juicio abreviado, es decir, un acuerdo entre fiscalía y defensa que evita el juicio oral a cambio de una pena pactada. La negociación contempla una condena de prisión efectiva, pero no la devolución de los más de $226 millones que, según la acusación, recibió de sus víctimas.
El eventual cierre del expediente dejaría a 52 denunciantes con una condena penal, pero sin reparación económica en el mismo proceso. Esa es la principal tensión del acuerdo que se analiza: la responsabilidad penal podría quedar definida mientras el perjuicio patrimonial seguiría sin resarcimiento. La salida todavía depende de la homologación de un juez, que debe aprobar el convenio para que tenga validez.
La investigación sostiene que Jofré ofrecía supuestas inversiones vinculadas a la venta de harina, aceite, materiales de construcción y préstamos informales. Para ganar confianza, habría entregado pequeñas sumas a algunos inversores como si fueran ganancias, mecanismo que habría servido para atraer nuevos aportes. Con el tiempo, los pagos se interrumpieron y empezaron a acumularse las denuncias.
El acusado permanece detenido desde el 5 de septiembre de 2025, cuando comenzaron a multiplicarse las presentaciones de compañeros del penal de Chimbas. La causa registra un perjuicio estimado en $226.750.000 y, en junio, sumó una nueva denuncia de otro empleado penitenciario que dijo haber entregado $4 millones durante 2025 luego de ser convencido de invertirlos a cambio de una ganancia.
Más imputados Esa última presentación llevó a la fiscalía a ampliar la pesquisa e incorporar como imputados al padre del acusado, Américo Jofré, y a su expareja, Gabriela del Rocío González, señalados como presuntos partícipes necesarios. Según la investigación, parte del dinero habría llegado a cuentas bancarias vinculadas a ambos. La causa está a cargo del fiscal Guillermo Heredia y de la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, junto con la defensora Filomena Noriega.
El caso tiene un antecedente inmediato en la megaestafa de Branka Motors, donde Facundo Banega y los hermanos Alexis y Jonatan Marcó recibieron condenas de cinco años de prisión mediante juicio abreviado. En ese expediente, la jueza Ana Carolina Parra homologó el acuerdo y los condenados fueron enviados al penal de Chimbas, pero los damnificados no recuperaron el dinero y debieron recurrir a la vía civil. Ese antecedente explica por qué en el caso Jofré la negociación penal genera preocupación entre los denunciantes.
El acuerdo todavía no fue firmado. Si la homologación judicial se concreta en los términos que se negocian, Jofré podría quedar condenado e ir preso sin devolver los fondos; si el convenio incorpora una reparación, esa condición deberá quedar expresada antes de la aprobación del tribunal.
