La situación judicial del médico Leonardo Santiago Furlotti Barassi volverá a ser revisada después de que la Fiscalía, la querella y la defensa presentaran recursos de impugnación contra la sentencia dictada por el juez Alberto Caballero. El magistrado lo había condenado a un mes de prisión de ejecución condicional, dos meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta durante dos años, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La revisión quedará ahora en manos de la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea, que deberá definir si sostiene el fallo o introduce cambios en la calificación legal.
El eje del caso es el cobro de $250.000 a un paciente que debía ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital César Aguilar de Caucete. Según surgió en el proceso, el dinero habría sido solicitado para comprar una sutura de alta resistencia que se utilizaría durante la operación. La relevancia jurídica del expediente está en determinar si ese pedido configura una irregularidad funcional dentro del sistema público de salud o si, además, puede encuadrarse como un delito contra el patrimonio.
Antecedentes de la causa La investigación se originó a partir de la denuncia del paciente que necesitaba la intervención. El caso había sido impulsado inicialmente bajo la hipótesis de una posible estafa, pero Caballero descartó esa figura al dictar sentencia. Para el juez, no estaban acreditados los elementos del engaño propio de ese delito, entre otros motivos porque el paciente conocía el destino del dinero y el insumo fue finalmente utilizado durante la cirugía.
Sin embargo, el magistrado entendió que el cobro de dinero por una prestación o insumo dentro de un hospital público resultaba incompatible con el principio de gratuidad que rige el sistema estatal de salud. Sobre esa base, encuadró la conducta como incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa decisión abrió el tramo recursivo que ahora deberá resolver Larrea, con impacto directo sobre la firmeza o no de la condena.
Planteos de acusación y defensa El fiscal Nicolás Schiattino y la querellante Josela Echegaray cuestionaron el fallo y pidieron revisar con mayor profundidad la prueba vinculada con la posible existencia de un ardid o engaño. También reclamaron que se evalúen el eventual abuso de confianza, el perjuicio económico y un posible beneficio indebido para el acusado. A su criterio, el descarte de la estafa no habría contemplado de manera suficiente todos los elementos incorporados durante el proceso.
La defensa de Furlotti, representada por el abogado Mario Morán, también apeló, aunque con un planteo opuesto. Sostuvo que no se acreditó el incumplimiento de los deberes de funcionario público y cuestionó que la sentencia aludiera a obligaciones generales sin identificar con precisión cuál habría sido la norma incumplida. Además, reiteró que no hubo engaño, porque el paciente conocía el destino del dinero y habría consultado previamente con otros profesionales.
Lo que viene En su presentación, la defensa incorporó testimonios de médicos que señalaron que la sutura de alta resistencia requerida para la intervención no estaría disponible dentro del sistema público, por lo que debía gestionarse o adquirirse de manera particular. Con los recursos ya presentados por las tres partes, el expediente quedó en condiciones de ser revisado por Ana Lía Larrea. Hasta que esa resolución no se produzca, la condena dictada contra Furlotti no está firme y el caso seguirá abierto en la instancia de impugnación.
