Gustavo Flores Quevedo fue formalmente investigado por varios hechos de estafa en perjuicio de cinco damnificados, cuyas identidades se mantienen reservadas. En ese marco, la Justicia homologó un acuerdo de reparación integral que contempla la subdivisión y escrituración de terrenos e inmuebles. La resolución deja el cierre de la causa sujeto al cumplimiento efectivo de esas obligaciones.
La audiencia estuvo encabezada por el juez Rodolfo Javier Figuerola. Intervino el fiscal Ricardo Mariano Juárez Prieto, con la asistencia del ayudante fiscal Pablo Ferrer. La defensa quedó a cargo de los abogados Federico Emanuel González Quiles y Jorge Enrique Guillén Giménez. La intervención de todas las partes derivó en un acuerdo aceptado y luego homologado por el tribunal.
Imputación y plazo El Juzgado tuvo por ampliado el objeto de la Investigación Penal Preparatoria y formalizó la investigación contra Flores Quevedo por el delito de desbaratamiento de derechos acordados, en cinco hechos, en concurso real y en calidad de autor. Además, fijó un plazo de un año para la investigación y dispuso medidas coercitivas: someterse al proceso, no obstaculizar la pesquisa y fijar domicilio a los efectos legales. Ese encuadre procesal mantiene vigente la causa mientras se verifica el cumplimiento del acuerdo.
Obligaciones asumidas Como parte de la reparación, el imputado deberá avanzar con la subdivisión parcelaria y la posterior escrituración de distintos terrenos e inmuebles, además de afrontar todos los gastos derivados de esos trámites. En un plazo de seis meses deberá gestionar la subdivisión y escrituración de un lote de 1.500 metros cuadrados y de otro terreno de 29.400 metros cuadrados. En el mismo período, y con un plazo de un año, deberá completar los trámites de otro lote de 1.500 metros cuadrados y de un terreno de 1.600 metros cuadrados, este último a favor de la sucesión de uno de los damnificados.
Otro compromiso deberá cumplirse en un plazo menor. Dentro de los tres meses desde la homologación, Flores Quevedo tendrá que realizar los trámites necesarios para la escrituración de un inmueble de aproximadamente cuatro hectáreas a favor de uno de los damnificados. El acuerdo también establece que las subdivisiones y escrituraciones deberán adecuarse a la posesión efectiva que manifiesta ejercer cada damnificado, según las reglamentaciones y determinaciones de los organismos públicos competentes que intervengan.
Sobreseimiento condicionado La resolución judicial prevé que, una vez cumplidas en su totalidad las obligaciones asumidas en el acuerdo de reparación integral, Flores Quevedo podrá solicitar su sobreseimiento en el legajo. Hasta entonces, la causa seguirá abierta y atada a la ejecución de los trámites, los plazos fijados y la intervención de los organismos que deban validar las operaciones registrales y parcelarias.
