La defensa de Laura Naranjo denunció ante la UFI Delitos Especiales el faltante de unos 12.500 dólares tras un allanamiento realizado el 14 de julio en una vivienda de Capital. El operativo se originó en una causa por el robo de 80 mil dólares en Santa Lucía, investigación que derivó en el secuestro de una caja fuerte y otros elementos. En el Ministerio Público, en cambio, sostuvieron que el procedimiento fue legal, que la caja no se abrió en la casa allanada y que su apertura quedó registrada en video.
El origen de la causa fue un robo tipo escruche, es decir, cometido cuando los dueños no estaban en la vivienda, ocurrido en la casa de la familia Lenzano mientras estaban de viaje. Según la información incorporada al expediente, tres delincuentes forzaron el ventanal principal e ingresaron al inmueble, de donde se llevaron 80 mil dólares, 10 mil euros, joyas y relojes. Esa pesquisa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que avanzó sobre la pista de un Fiat Cronos detectado en la zona del hecho durante unas cinco horas.
La denuncia de la familia se centró en que, durante el allanamiento, una empleada habría visto abrir la caja fuerte y que, al ser reabierta en sede judicial, faltaban ahorros en dólares. El abogado Néstor “Roly” Olivera, que trabaja junto con Marcelo Sandez, indicó que la presentación quedó radicada en la fiscalía especializada contra funcionarios judiciales y policiales. Señaló además que se pidió producción de prueba para determinar “algunas irregularidades que deben investigarse” y sostuvo que “lo que se ha denunciado es la desaparición de un monto importante de dinero”.
La versión fiscal fue distinta. Fuentes del Ministerio Público afirmaron que el procedimiento ya había sido cuestionado por los abogados ante el juez de Garantías Matías Parrón, quien lo avaló y sostuvo su legalidad. También indicaron que, en el allanamiento, la caja fuerte no se abrió en la vivienda sino que fue fajada, trasladada a la unidad fiscal y luego abierta con autorización judicial. De acuerdo con esa reconstrucción, la apertura fue filmada y se utilizó un código hash, un mecanismo de verificación que impide la alteración del archivo audiovisual.
Los datos sobre el secuestro también difieren entre las partes. Naranjo, agente inmobiliaria oriunda de Colombia y con ciudadanía de Estados Unidos, dijo que en la caja había ahorros para sus hijos, dinero para un alquiler y fondos provenientes de una indemnización por un auto. Según su relato, al momento de la apertura en sede judicial quedaban alrededor de 2.900 dólares, mientras que la totalidad de sus ahorros en esa moneda rondaría los 15.360 dólares, además de 8 millones de pesos. Las fuentes judiciales, en tanto, afirmaron que en la apertura realizada en la UFI se contabilizaron 4.074 dólares, 4.800.000 pesos, libras esterlinas, pesos colombianos y dólares canadienses, y que no hubo objeciones al firmarse las actas.
Medidas y próximos pasos
La defensa pidió la devolución del dinero secuestrado, pero la fiscalía rechazó el planteo porque la investigación por el robo de Santa Lucía continúa en etapa de Investigación Preliminar, una fase en la que el sumario es secreto para las partes. En ese marco, el Ministerio Público puede conservar los objetos de valor hasta la finalización del proceso. Las fuentes añadieron que la caja fuerte fue resguardada en un armario blindado y que, por directivas internas, dinero, joyas y cajas fuertes quedan bajo custodia de la unidad fiscal para reforzar la seguridad. La disputa ahora queda centrada en la prueba sobre el contenido de la caja y en la validez del procedimiento ya documentado en sede judicial.
