Una serie de denuncias por presuntas estafas vinculadas a trabajos de carpintería derivó en un acuerdo de reparación para diez personas damnificadas. Juan Antonio Medina, acusado de haber recibido dinero por encargos de muebles que luego no se concretaron, deberá devolver más de $8 millones y cumplir con otras obligaciones fijadas en sede judicial.
La causa reúne presentaciones de personas que afirmaron haber pagado por muebles y otros trabajos que no recibieron. De acuerdo con la investigación, Medina habría cobrado por esos encargos y después incumplido lo convenido. Ese es el núcleo de la acusación que ahora quedó alcanzado por un mecanismo de reparación integral.
Resolución judicial El juez Diego Manuel Sanz hizo lugar a los acuerdos de reparación integral alcanzados entre el imputado y los damnificados. El monto total comprometido asciende a $8.023.006,89 y también incluye la entrega de un mueble desayunador con características técnicas específicas. Los convenios prevén pagos en una sola entrega o en cuotas mensuales, según cada caso.
Los vencimientos fueron fijados entre octubre de 2026 y febrero de 2027, y el dinero deberá abonarse a través de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), conforme al cronograma establecido. La causa tramita en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, con intervención del fiscal Ricardo Mariano Juárez Prieto.
Plazo procesal En la misma resolución, la Justicia extendió por 180 días el plazo de la investigación penal preparatoria y prorrogó durante ese mismo período las medidas cautelares vigentes sobre Medina. Entre ellas, deberá permanecer a disposición del proceso, presentarse cada quince días ante la dependencia policial correspondiente y no salir del ámbito provincial ni nacional sin autorización judicial.
También deberá mantener retenidos sus documentos de viaje mientras continúe el proceso. Si cumple con todas las obligaciones asumidas y se concreta la reparación integral del perjuicio, la acción penal se extinguirá y podrá solicitar el sobreseimiento. Ese es el próximo paso procesal que quedará supeditado al cumplimiento efectivo de los acuerdos homologados.
