Martín Gómez, funcionario policial, fue condenado por hurto simple en su condición de funcionario policial, en concurso real con estafas reiteradas, luego de utilizar una tarjeta de Mercado Pago perteneciente a Jorge González para realizar distintos consumos. La resolución se dictó en el marco de un juicio abreviado, una salida alternativa al debate oral en la que las partes acuerdan una pena y el tribunal la homologa si considera que corresponde. En este caso, la sanción fijada fue de tres años de prisión de ejecución condicional.
De acuerdo con la acusación, los pagos se concretaron en distintos comercios. En un maxi kiosco se registraron tres operaciones por $26.040, $4.410 y $13.500, mientras que en un lavadero y gomería se efectuaron otros dos pagos por $16.940 y $14.740. Esos consumos fueron atribuidos al uso de la tarjeta sin autorización del titular. La causa se cerró con una condena que evita el cumplimiento efectivo de prisión, siempre que se respeten las condiciones impuestas.
Reglas de conducta Además de la pena, Gómez deberá cumplir reglas de conducta durante el plazo de la condena. Entre ellas, se dispuso la prohibición de acercamiento a Jorge González, tanto en su domicilio particular como en su lugar de trabajo. Ese tipo de restricciones suele acompañar las condenas condicionales para controlar el cumplimiento de la sentencia y reducir el riesgo de nuevos contactos entre las partes. La medida queda vigente mientras dure el período fijado por el tribunal.
Salida alternativa La resolución evitó la realización de un juicio oral y público, una instancia en la que se produce la prueba y se debate la responsabilidad penal del imputado. En cambio, el caso quedó resuelto mediante un mecanismo abreviado, con la aceptación de una pena de tres años de prisión en suspenso. La decisión judicial deja firme, por ahora, la obligación de cumplir las reglas impuestas y la prohibición de acercamiento. El expediente queda cerrado en esa instancia, salvo eventuales planteos procesales posteriores si correspondieran.
