Entre el 4 y el 6 de agosto, la Policía de San Juan llevó adelante un operativo de control sobre chatarrerías y recuperadoras que derivó en la clausura de cinco establecimientos y el secuestro de más de 32.700 kilos de materiales no ferrosos, en su mayoría cobre.
La medida se enmarcó en una investigación orientada a detectar maniobras vinculadas con la compra, venta y traslado de material que podría provenir de robos a la infraestructura eléctrica. El foco está puesto en una actividad que, además de su impacto económico, profundiza el daño sobre transformadores e instalaciones esenciales para el servicio.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Policía Rural, la Unidad de Apoyo Investigativo y la Sección Leyes Especiales, dependientes de la Dirección D-5. En los distintos controles, los investigadores encontraron documentación vencida, libros comerciales desactualizados y mercadería cuya procedencia no pudo ser justificada.
En Caucete, la primera jornada dejó tres establecimientos bajo la lupa. En Chacarita Don Antonio, sobre calle Urquiza, se detectó documentación vencida y un Libro de Industria y Comercio sin actualizar, por lo que la Justicia de Paz dispuso la clausura supeditada. Una situación similar se registró en Las Huellas Compartidas, en calle Córdoba, Villa Independencia, donde también se constató falta de documentación en regla.
El caso más comprometido en ese departamento fue el de Chacarita Acosta, en el Loteo Los Andes. Allí, además de no contar con habilitaciones, el responsable no pudo acreditar el origen de aproximadamente 7.500 kilos de recortes de cables y bobinados de material no ferroso. Todo ese cargamento fue secuestrado.
El operativo continuó el 5 de agosto en Pocito, sobre calle Lemos, entre calles 5 y 6. En la recuperadora Don Mariano, la Policía detectó un certificado eléctrico vencido y un libro comercial desactualizado. Pero el hallazgo más relevante fue el de 120 kilos de cables de alta y media tensión sin procedencia acreditada.
Personal de Naturgy reconoció ese material como compatible con elementos utilizados por la empresa. Frente a esa situación, la Justicia de Paz de Pocito ordenó la clausura preventiva del establecimiento y el secuestro de los cables.
La intervención de mayor magnitud se produjo el 6 de agosto en Rawson. En Chacarita Metal Sur S.R.L. - Recuperadora Fernández, ubicada en calle Lemos 1436 Sur, los agentes contabilizaron 32.670 kilos de material no ferroso, aparentemente cobre, sin documentación que permitiera establecer su origen.
Además de la falta de respaldo sobre la mercadería, se constató que el Libro de Industria y Comercio estaba desactualizado. Por disposición del Tercer Juzgado de Faltas, se ordenó el secuestro de todo el material y la clausura supeditada del lugar.
El resultado global de los procedimientos dejó una señal clara sobre la dimensión económica del circuito bajo investigación: el valor estimado de lo incautado ronda los $460 millones. La cifra da cuenta del volumen que puede alcanzar el mercado ilegal asociado al cobre y de la necesidad de reforzar los controles sobre su circulación.
Desde la Policía de San Juan anticiparon que los operativos continuarán tanto en chatarrerías y recuperadoras como en rutas provinciales, con especial atención al traslado de cobre y otros materiales relacionados con delitos contra la infraestructura eléctrica. El objetivo, según indicaron, es interrumpir el circuito que permite que elementos obtenidos mediante robos o daños terminen ingresando al mercado de la chatarra.
