La causa por la estafa de Branka Motors sumó este miércoles un avance decisivo en Tribunales. En una audiencia de juicio abreviado, la jueza Ana Parra homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los tres imputados, pese a la oposición planteada por los querellantes.
Con esa resolución, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire deberán cumplir cinco años de prisión efectiva. La decisión, sin embargo, deja fuera del proceso penal la restitución de los fondos reclamados por las personas damnificadas, cuyo perjuicio económico asciende a aproximadamente $524 millones.
El impacto de la homologación es doble. Por un lado, cierra la causa penal; por el otro, obliga a los afectados a iniciar acciones en el fuero civil si pretenden recuperar el dinero entregado por la compra de motocicletas. La magistrada dará a conocer los fundamentos de su resolución el próximo martes.
La postura de los querellantes no alcanzó para frenar el avance del acuerdo. Antes del inicio de la audiencia, algunos damnificados expresaron su malestar porque esperaban que el procedimiento penal incluyera algún mecanismo de devolución de los fondos.
El reclamo económico venía cobrando fuerza desde el fracaso de un intento anterior de reparación integral. En abril, los imputados se habían comprometido a reintegrar los cerca de $524 millones en cinco cuotas, dentro de un plazo de 120 días. Sin embargo, el primer pago no llegó a concretarse.
Ante ese incumplimiento, el fiscal Heredia pidió dejar sin efecto el convenio. La cuestión fue revisada en una audiencia realizada el 8 de mayo, donde uno de los imputados sostuvo que ese mismo día se había efectuado una transferencia parcial. La Oficina de Medidas Alternativas descartó que el pago se hubiera materializado y, luego de esa verificación, la jueza Parra resolvió que los acusados fueran trasladados al Penal de Chimbas bajo prisión preventiva por cinco meses, mientras avanzaba la investigación penal preparatoria.
La causa reúne a cientos de damnificados y expone un perjuicio económico de magnitud. Según la acusación fiscal, el mecanismo consistía en ofrecer motocicletas a precios muy por debajo de los valores de mercado, una estrategia que generó interés entre los compradores y permitió captar numerosas personas.
Con el paso del tiempo, la empresa empezó a incumplir las entregas. Ese desfasaje terminó por revelar la inviabilidad financiera del esquema de comercialización, y derivó en una causa que ahora deja una condena penal, pero sin respuesta inmediata para la recuperación del dinero perdido.
