El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala, junto con los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a penas de menos de tres años. El fallo se dictó en los tribunales de Comodoro Py 2002 y alcanzó también a otros imputados que fueron desvinculados del proceso. La resolución llegó un día antes de que, según el plazo considerado por la Fiscalía, prescribiera la acción penal.
También fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero. La decisión estuvo a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. El tribunal rechazó al comienzo de la audiencia los planteos defensivos por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción y nulidad de los alegatos de los acusadores.
Las condenas recaen sobre José López, exsecretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron penas de 2 años y 8 meses y de 2 años y 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios. El tribunal fijó además una audiencia para el 13 de noviembre a las 17:00, cuando se leerán los fundamentos del fallo.
Pedido fiscal y decomiso El fiscal Diego Velasco había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, y de 4 años para el resto de los imputados. Por mayoría, el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por $206.438.454,05, monto que fue determinado como el dinero desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Ese valor deberá ser ajustado cuando la sentencia quede firme.
El juicio había comenzado en marzo pasado y revisó el funcionamiento del programa Sueños Compartidos, vinculado con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La causa investigó el desvío de fondos públicos estimados en más de $206 millones que el Estado Nacional había destinado a viviendas sociales. Según el expediente, el programa funcionó con serias irregularidades entre 2005 y 2011, con obras públicas con sobreprecios e incluso sin licitación. Los fundamentos de las condenas y absoluciones se conocerán en la audiencia ya fijada por el tribunal.
