SLB, una de las grandes empresas globales de servicios petroleros, comunicó este sábado que no participará en proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La firma aclaró además que no está vinculada al proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado en la cuenca norte del archipiélago y operado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. La decisión se conoció en un contexto de mayor presión oficial sobre las actividades vinculadas con recursos en territorios bajo ocupación británica.
Antecedente inmediato
La comunicación de la compañía se produjo a dos días de que el presidente Javier Milei anunciara medidas para impedir que empresas extranjeras extraigan recursos en territorios nacionales bajo ocupación británica. SLB, reconocida también como Schlumberger y con sede en Estados Unidos, informó que su postura responde a lo establecido por el decreto 868/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La empresa señaló en un comunicado: “SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”.
Alcance normativo
El decreto firmado por Javier Milei designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa norma regula la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina vinculada con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, el Ejecutivo dispuso un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas que realicen actividades sin autorización argentina en esos espacios marítimos.
Plazos y control
Según el esquema oficial, los organismos públicos deberán informar posibles infracciones en un plazo de cinco días hábiles. Una vez abierto un sumario, los investigados tendrán diez días para presentar su descargo. Ese mecanismo apunta a acelerar la respuesta estatal frente a eventuales operaciones consideradas irregulares por la autoridad argentina, aunque la aplicación concreta dependerá de los informes que lleguen a la Cancillería.
Qué puede pasar después
La decisión de SLB no modifica por sí sola la situación de fondo en torno a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, pero sí se inscribe en el nuevo marco administrativo definido por el Gobierno. A partir de ahora, la atención queda puesta en la implementación del decreto 868/26, en la actuación de la Cancillería y en los eventuales sumarios que se abran contra empresas o personas alcanzadas por la Ley 26.659.
