Los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical por Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley para reformar el Código Penal y agravar las penas por homicidios y lesiones cometidos al volante. La iniciativa también propone crear un delito específico por conducción con alcoholemia y evitar que las causas prescriban durante las apelaciones. Según el texto, el objetivo es modificar el tratamiento penal de conductas viales que hoy reciben respuesta administrativa o penas que pueden no implicar prisión efectiva.
El planteo parte de una situación vigente: manejar con alcohol en sangre no constituye hoy un delito autónomo, sino una infracción de tránsito sancionada con multa. La propuesta busca diferenciar esa falta administrativa de una conducta que, por la entidad del riesgo, pueda ser castigada penalmente antes de que se produzca una muerte o una lesión. En el fundamento político de la iniciativa, Verasay señaló que se procura que “el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia”.
Penas y cumplimiento efectivo
El proyecto también apunta a modificar el régimen de condenas para los casos en que una persona mata al volante. De acuerdo con el texto, hoy esas sentencias pueden ser de ejecución condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo de prisión. La propuesta radical plantea que esos delitos tengan cárcel efectiva y una inhabilitación más alta para conducir como parte de la sanción. Verasay sostuvo que buscan que el Código Penal refleje “la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”.
Prescripción y apelaciones
Otro eje del proyecto se vincula con la prescripción, que es el plazo legal tras el cual una causa ya no puede seguir adelante. Según el texto, actualmente las condenas pueden prescribir mientras se tramitan apelaciones en tribunales superiores. La iniciativa pretende que la sentencia que confirma la condena interrumpa ese plazo, de modo que el caso no concluya mientras continúa la revisión judicial. Verasay afirmó que no resulta razonable que el tiempo del control judicial “pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores”.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre seguridad vial, respuesta penal y tiempos del proceso judicial. En el Congreso, una reforma de este tipo requeriría tratamiento en comisión, dictamen y votación en ambas cámaras antes de convertirse en ley. Mientras tanto, el alcance concreto del proyecto dependerá de su discusión legislativa y de eventuales cambios al texto original durante el trámite parlamentario.
