El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró la decisión del Gobierno nacional de reconocer a la provincia el derecho a percibir el 100% de las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La medida pone fin a un conflicto de más de 50 años con La Pampa por la distribución de esos recursos. El cambio quedó formalizado mediante el Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei.
La norma deroga la disposición vigente desde 1973, que obligaba a compartir las regalías con la provincia vecina. Según Cornejo, la resolución confirma que la generación hidroeléctrica se realiza íntegramente en territorio mendocino, por lo que la provincia sostiene que le corresponde la totalidad de esos ingresos. La definición tiene impacto fiscal, porque modifica la distribución de fondos vinculados a una infraestructura energética estratégica.
Reclamo judicial
En paralelo, Mendoza readecuará la demanda presentada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos adeudados por períodos anteriores. De acuerdo con lo informado por las autoridades provinciales, esa suma asciende a unos 680 millones de dólares. El planteo busca recuperar recursos retroactivos mientras la nueva situación normativa fija el esquema hacia adelante.
Nueva concesión
La provincia también avanza en el proceso de nueva concesión del complejo para atraer inversiones privadas que permitan reparar las centrales dañadas y recuperar capacidad de generación. Las autoridades indicaron que un mayor nivel de producción hidroeléctrica impactará en una mayor recaudación de regalías. Esos fondos, según la información oficial, se destinarán a obras de infraestructura, transporte, agua, energía y servicios públicos.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, afirmó que la medida implica que la provincia recupera “el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles” y sostuvo que se trata del resultado de “años de defensa de nuestro patrimonio”. También señaló que Mendoza “construyó, mantuvo y operó estas represas” y continúa con infraestructura para convertir recursos en energía y desarrollo.
En relación con la posición de las autoridades pampeanas, Latorre dijo que “no se les está quitando nada, porque directamente no les corresponde”. Con el nuevo decreto en vigencia, el próximo paso es la continuidad del trámite judicial por los períodos anteriores y la definición del esquema de concesión del complejo, que será clave para determinar inversión, reparación de equipos y nivel de generación en los próximos meses.
