El Gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, promulgó la ley que amplía el destino del Fondo Escolar Permanente y habilita a la Provincia a usar esos recursos para financiar proyectos de viviendas destinados a docentes y celadores. La norma modifica la Ley 9.545 y abre la posibilidad de articular operatorias habitacionales con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El cambio normativo importa porque redefine el uso de un fondo con finalidad educativa y lo vincula también con una política de acceso a la vivienda para trabajadores del sistema escolar.
Según informó el Gobierno provincial, el Fondo Escolar Permanente cuenta actualmente con más de $500 millones. La misma administración indicó que hay otros 12 inmuebles en evaluación para ser rematados, lo que podría incrementar los recursos disponibles. La ley también establece un mecanismo para aprovechar terrenos, vehículos, equipamiento y otros bienes estatales que se encuentren en desuso. En términos prácticos, la Provincia busca convertir activos ociosos en financiamiento para infraestructura y vivienda.
Viviendas para trabajadores de la educación
La iniciativa surgió a partir de un relevamiento provincial que identificó a unos 23.000 trabajadores de la educación, entre docentes y celadores, con dificultades para acceder a una vivienda. El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, explicó que uno de los objetivos es usar los recursos del fondo como herramienta de garantía para facilitar el acceso al crédito hipotecario y promover nuevos desarrollos urbanísticos. El esquema prevé participación del IPV y de empresas privadas, que podrán desarrollar viviendas en terrenos estatales o en tierras aportadas por desarrolladores.
Las alternativas de financiamiento podrán incluir ahorro previo, créditos hipotecarios y operatorias de construcción vinculadas al IPV. El Gobierno prevé abrir las inscripciones entre septiembre y octubre, aunque ese cronograma quedará sujeto a la evaluación de las propuestas que presenten las empresas privadas. La convocatoria alcanzará a docentes titulares y suplentes y a celadores de toda la provincia. Por el momento, la ley no fija una cantidad determinada de viviendas ni un precio único para los beneficiarios, por lo que esos datos dependerán de los proyectos que sean seleccionados.
Venta y subasta de bienes en desuso
La reforma también habilita a la Dirección General de Escuelas (DGE) a vender, subastar o alquilar bienes que estén en desuso, como vehículos, terrenos, equipamiento y materiales. El dinero obtenido deberá ingresar al Fondo Escolar Permanente y conservar un destino específico: educación y las operatorias habitacionales previstas por la nueva ley. La norma autoriza que esos recursos se utilicen para compra de terrenos, construcción de nuevas escuelas, mantenimiento de edificios y adquisición de equipamiento. Además, podrán funcionar como respaldo financiero para programas de acceso a la vivienda y urbanización destinados al personal educativo.
La ley incorpora restricciones para evitar que ese mecanismo afecte el funcionamiento del sistema educativo. Los bienes considerados esenciales para las escuelas no podrán utilizarse como garantía y la DGE deberá conservar una reserva para cubrir necesidades operativas. También establece que los edificios escolares en uso no podrán ser embargados ni puestos en garantía. De ese modo, la Provincia intenta compatibilizar la obtención de recursos con la protección del patrimonio escolar activo.
Aprobación legislativa
La sanción definitiva de la iniciativa en el Senado mendocino se produjo con 25 votos a favor, uno en contra del Partido Verde y siete abstenciones del Partido Justicialista. Con la promulgación, la Provincia quedó habilitada para avanzar en la implementación de la reforma y definir las operatorias habitacionales. El próximo paso será la evaluación de las propuestas privadas y la posterior definición de las condiciones de acceso, la ubicación de los proyectos y la cantidad de viviendas disponibles.
