Más de cinco millones de personas viven hoy en barrios populares de Argentina, según el relevamiento citado por Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina. De ese total, 1.700.000 son niños, adolescentes y jóvenes. La organización sostuvo que la falta de trabajo, el avance del narcotráfico y la ausencia de servicios básicos agravan una situación social que impacta en la escuela, la salud y la vida comunitaria.
Servicios básicos y hacinamiento Zadara explicó que los barrios populares son asentamientos o comunidades con bajo acceso a infraestructura esencial. Señaló que el 90% no tiene agua potable y que en muchos hogares hay hacinamiento, con varias familias en poco espacio y una misma habitación compartida por adultos, niños y adolescentes. También indicó que, cuando llueve, en muchos casos los chicos no pueden ir a la escuela porque las calles quedan anegadas.
Trabajo y economía social La referente de Cáritas afirmó que la falta de empleo desordena la vida familiar y abre espacio a otras ofertas, entre ellas el narcotráfico. También mencionó que en esos barrios hay oficios y emprendimientos, pero que muchas personas “están pidiendo a gritos trabajar”. En ese marco, planteó que las políticas públicas no deberían leerse como gasto, sino como inversión para reducir costos sociales futuros vinculados con trayectorias escolares interrumpidas, violencia y deterioro de la salud mental.
Marco legal y obras frenadas Zadara recordó que el 10 de octubre de 2018 se sancionó la ley 27.453, que declaró de interés público el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares identificados en el RENABAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. También mencionó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fideicomiso destinado a financiar urbanización, y sostuvo que hay 600 obras paradas con avances de entre 50% y 60%. Según dijo, el proyecto de Emergencia en Barrios Populares busca garantizar recursos para retomar esos trabajos.
Salud mental y demanda social La directora ejecutiva de Cáritas señaló que creció el consumo problemático y la preocupación por la salud mental, con especial impacto en jóvenes de entre 14 y 24 años. Indicó además que la organización está transformando capillas, parroquias y centros comunitarios en espacios de escucha para detectar situaciones de riesgo. En la “Caminata Institucional” realizada el año pasado, dijo que respondieron 1.320 comunidades y que las principales demandas fueron sostener espacios comunitarios, generar trabajo y atender adicciones y salud mental.
Pedido al Estado Cáritas y otras organizaciones presentaron una propuesta para destinar de manera progresiva el 0,0375% del PBI a obras de urbanización e integración socio-urbana. Zadara afirmó que el diálogo con autoridades existe, pero que todavía esperan una respuesta sobre el proyecto. También sostuvo que los cambios bruscos en la ejecución presupuestaria afectan sobre todo a los sectores más pobres y llamó a sostener una transición que no interrumpa obras ya iniciadas.
