La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un protocolo médico para analizar las condiciones de salud de personas detenidas en cárceles, una decisión que podría incidir en pedidos de prisión domiciliaria para represores condenados o investigados por delitos de lesa humanidad. La medida quedó formalizada en la Acordada 21/2026, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El criterio unificado fue encomendado al Cuerpo Médico Forense, organismo técnico que depende del Poder Judicial.
Según la resolución, el objetivo es “sistematizar los criterios” para que los magistrados cuenten con “mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud”. En ese marco, el protocolo deberá contemplar un examen médico general de cada persona detenida y la verificación de las “condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento”. La decisión adquiere relevancia porque ordena un estándar común para evaluar situaciones sanitarias en el sistema penitenciario federal.
La acordada también invocó la Constitución Nacional, que establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Ese encuadre constitucional funciona como base para la evaluación de las condiciones de alojamiento y tratamiento médico. En paralelo, la Corte acumula una intervención sostenida en causas por delitos de lesa humanidad: según el texto difundido, dictó 1907 fallos en esos expedientes desde 2004.
Situación procesal De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas. De ese total, 440 cuentan con arresto domiciliario, 18 están alojadas en el servicio penitenciario y 61 permanecen en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo. La distribución muestra que la discusión sobre salud y lugar de detención sigue teniendo impacto directo en la ejecución de las penas y en la situación de los imputados.
Casos emblemáticos Entre quienes continúan en prisión figuran Alfredo Astiz, Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Christian Federico von Wernich, entre otros. El nuevo protocolo no resuelve casos individuales, pero puede convertirse en una herramienta técnica para futuras decisiones judiciales sobre arresto domiciliario. Su aplicación quedará en manos de los jueces que intervienen en cada expediente, con base en los informes médicos y en las condiciones concretas de detención.
El próximo paso será la elaboración del protocolo por parte del Cuerpo Médico Forense, que deberá definir los criterios de evaluación y tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. A partir de esa herramienta, los tribunales contarán con un parámetro uniforme para analizar pedidos vinculados con la salud de internos, en especial en procesos por delitos de lesa humanidad.
