Las diputadas nacionales Carolina Basualdo y Alejandra Torres, representantes de Córdoba e integrantes de Provincias Unidas, presentaron un paquete legislativo para reforzar la respuesta estatal frente a la trata de personas y la explotación sexual. La iniciativa combina medidas de clausura de establecimientos, prevención y endurecimiento penal. Según el texto, el objetivo es actuar sobre los espacios donde operan estas redes y sobre las sanciones aplicables a sus responsables.
Prohibición y clausura Uno de los proyectos propone un marco normativo nacional para prohibir en jurisdicción federal los establecimientos vinculados a la explotación sexual. La nómina incluye whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne, agencias de acompañantes y casas de masajes con oferta sexual, además de inmuebles de alquiler temporal utilizados con esos fines. La propuesta prevé la clausura inmediata, definitiva e irredimible una vez constatada la infracción y declara nulos los actos administrativos que autoricen su funcionamiento.
El texto también invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar normas equivalentes y a eliminar tributos o tasas que graven esas actividades. En paralelo, incorpora medidas de protección para las personas halladas en operativos de clausura. Cuando existan indicios de vulnerabilidad o no pueda acreditarse identidad y domicilio, el proyecto presume que podrían ser víctimas de trata y ordena asistencia integral mediante los mecanismos previstos en la legislación vigente.
Reforma penal La segunda iniciativa modifica los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. La escala básica para el delito de trata de personas pasaría de cuatro a ocho años de prisión a una de seis a doce años. Las agravantes también se endurecen: la pena subiría a un rango de diez a veinte años cuando medien violencia, engaño, abuso de vulnerabilidad o participación de funcionarios públicos, entre otros supuestos.
En los fundamentos, las legisladoras sostienen que la escala vigente resulta insuficiente frente a la gravedad del delito y genera desproporciones respecto de otras figuras penales. También argumentan que un aumento de las penas podría reducir la posibilidad de acceder a beneficios procesales y ampliar los plazos de prescripción en investigaciones complejas. Ese punto, señalan, es relevante en causas en las que las víctimas tardan años en denunciar por trauma o temor a represalias.
Antecedentes y próximos pasos Las autoras citan como antecedente el modelo aplicado en Córdoba desde 2012, cuando esa provincia prohibió las whiskerías y los locales de alterne. También afirman que la falta de una normativa uniforme en todo el país favorece el desplazamiento de las redes hacia jurisdicciones con menores controles. El paquete incorpora además contenidos sobre trata, captación digital y grooming en la Educación Sexual Integral, junto con campañas de difusión de la Línea 145. El avance parlamentario dependerá ahora del tratamiento en comisión y de la eventual articulación con las provincias.
