El partido Fuerza Por Buenos Aires, encabezado por Leandro Santoro, presentó en la Legislatura porteña un proyecto para regular las agencias de cobro extrajudicial en medio del aumento de la morosidad y del endeudamiento de hogares. La iniciativa busca actualizar la ley 6.171, sancionada en 2019, que ya regula ese accionar en la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó Rodrigo Cilenti, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, el objetivo es incorporar herramientas de control frente a prácticas que, sostuvo, quedaron desactualizadas por cambios tecnológicos y financieros.
Antecedentes y alcance La propuesta surge después de un proyecto de desendeudamiento familiar presentado desde el despacho de Santoro y aprobado previamente, a partir del cual comenzaron a recibir consultas sobre dificultades para refinanciar deudas. Cilenti señaló en diálogo con Agencia Noticias Argentinas que detectaron situaciones de hostigamiento por parte de cobradores y revisaron el marco vigente. En ese relevamiento, identificaron que la norma de 2019 existía, pero consideraron que quedó retrasada frente a la pandemia de Covid, la expansión de las billeteras virtuales y nuevas formas de financiamiento.
Qué cambia El texto incorpora un registro para las empresas que gestionan cobranzas, un sistema de licencias para habilitar esa actividad y la obligación de declarar qué medios de contacto se usarán para ubicar a los deudores. También prevé que el acreedor original, ya sea un banco o una firma como Frávega o Mercado Pago, informe quién asumirá la gestión de cobro cuando la derive a terceros. Cilenti afirmó que el proyecto no prohíbe la cobranza de deudas, sino que busca “otorgar un marco para resguardar la dignidad de las personas”.
Prácticas cuestionadas Según el dirigente, en la práctica se observan contactos en días y horarios no permitidos, incluidos sábados, domingos y madrugadas, además de comunicaciones dirigidas a familiares o al entorno de la persona endeudada. La ley actual, recordó, limita el contacto al deudor y fija franjas horarias específicas. También mencionó casos en los que una deuda de $100.000 terminó con exigencias de tres o cuatro veces el capital original, más intereses, gastos y honorarios, por lo que el proyecto exige documentación que acredite el incremento reclamado.
Nuevos actores y control La iniciativa incorpora además a estudios jurídicos, abogados que actúan de manera independiente, departamentos internos de empresas y bancos, y el uso de inteligencia artificial mediante bots para enviar mensajes de hostigamiento. Cilenti indicó que mantuvieron reuniones con el Colegio Público de Abogados, la dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, y aseguró que hubo buena recepción. En la audiencia pública, agregó, se expusieron casos de refinanciaciones imposibles de cumplir y un testimonio sobre una joven de 23 años que se quitó la vida después de que una agencia informara la deuda a su madre.
Próximos pasos El proyecto ingresó con el expediente 2788 y, según Cilenti, la intención es tratarlo en comisión de Defensa del Consumidor la semana siguiente, con la posibilidad de una comisión conjunta si hay acuerdo con otros bloques. Señaló que el texto cuenta con acompañamiento del radicalismo y con interés de sectores del PRO y de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que La Libertad Avanza no asistió a la audiencia. La definición de la letra final y la construcción de consensos legislativos serán los pasos inmediatos antes de un eventual tratamiento en el recinto.
