Los docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizarán un paro nacional el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno nacional por salarios y financiamiento. La medida se sumará a la tensión que atraviesan las universidades públicas por la actualización de haberes y la ejecución de recursos previstos por ley. La convocatoria fue acompañada por otros sindicatos del sector, entre ellos FEDUBA. El reclamo se proyecta sobre el funcionamiento general del sistema universitario y sobre la continuidad de actividades académicas, de investigación y de becas.
El eje central de la protesta es la recomposición salarial. Las organizaciones gremiales sostienen que los aumentos otorgados en los últimos meses no alcanzaron para compensar la inflación y que, además, no se abrió una nueva instancia de negociación paritaria. En ese punto, el conflicto no se limita a una discusión coyuntural, sino que se inscribe en la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023. Según los cálculos sindicales, esa caída ronda el 30% y la recuperación necesaria para volver al nivel de entonces superaría el 50%.
Impacto salarial
Los gremios advierten que el deterioro no afecta de igual modo a todas las categorías. La situación es más compleja para quienes tienen dedicaciones simples o semi-exclusivas, aunque también alcanza a los cargos de dedicación exclusiva. Esa diferencia incide en la estructura de ingresos dentro de las universidades y en la capacidad de retener personal formado. En paralelo, la falta de actualización salarial presiona sobre docentes e investigadores con mayor especialización. Según plantean las organizaciones, ese escenario acelera la salida de profesionales hacia el sector privado o al exterior.
Financiamiento universitario
A la discusión por los sueldos se suma el reclamo por los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario. Las instituciones sostienen que no están recibiendo las partidas contempladas por la norma y cuestionan que esa situación se mantenga incluso después de su ratificación por el Congreso tras el veto presidencial. El planteo incluye además referencias a resoluciones judiciales vinculadas con el cumplimiento de la ley, aunque el texto no precisa cuáles son ni en qué estado procesal se encuentran. En la práctica, la disputa gira en torno a la ejecución efectiva de recursos para el sistema universitario.
Consecuencias y escenario abierto
Los gremios señalan que la falta de financiamiento impacta sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades, sobre los salarios y sobre las becas estudiantiles. También advierten por el efecto que tendría sobre la continuidad de equipos de investigación y de docentes con formación de posgrado. La medida de 48 horas fue presentada como una nueva advertencia frente a la ausencia de respuestas oficiales a los reclamos. Por ahora, las organizaciones no descartan extender las protestas si no aparecen definiciones sobre la recomposición salarial y la aplicación de la ley.
La continuidad del conflicto quedará atada a las respuestas que reciba el sector en los próximos días, mientras el paro de 48 horas ya quedó fijado para el 27 y 28 de agosto.
