La Cámara de Diputados aprobó este jueves una nueva ley de Discapacidad con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una negociación que se extendió durante toda la tarde y se cerró pasada la medianoche. El texto reemplaza la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año, y ahora deberá ser tratado por el Senado. La sanción se alcanzó con una mayoría especial de dos tercios, un dato que reduce la posibilidad de cambios en la cámara revisora.
El proyecto consensuado entre el oficialismo, bloques aliados y sectores de la oposición mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. También conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, con el límite de ingresos fijado en dos salarios mínimos vitales y móviles. Según el texto, las personas con CUD, es decir, Certificado Único de Discapacidad, podrán sostener el beneficio si trabajan en relación de dependencia o están inscriptas en regímenes tributarios.
Antecedentes y giro político
Las conversaciones comenzaron hace casi dos meses, cuando la oposición impulsó la prórroga de la emergencia a partir de un pedido de organizaciones de personas con discapacidad. Esa iniciativa había logrado emplazar a las comisiones y se encaminaba al recinto a mediados de octubre. Sin embargo, el escenario cambió cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un capítulo que introducía recortes en el área, según el texto debatido en Diputados. Ese capítulo tomaba el criterio de “invalidez laboral” para la pensión, eliminaba el CUD como vía directa de acceso, establecía incompatibilidad absoluta con el empleo formal y derogaba el arancel único del nomenclador.
Los cambios incorporados
Para destrabar la votación, el oficialismo se comprometió a dejar de lado el recorte incluido en el Presupuesto y aceptó incorporar modificaciones reclamadas por los bloques dialoguistas. Entre ellas, se mantuvo el sistema de pensiones por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y se ratificó el CUD como principal vía de acceso al beneficio. El texto también prevé partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el esquema y contempla compensaciones desde el Tesoro si esos recursos resultaran insuficientes. Además, establece que el ingreso por beneficiario no podrá perder poder adquisitivo respecto del año anterior.
Control, financiamiento y plazos
La ley incorpora auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el cruce de datos con Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. También habilita la suspensión preventiva de un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que incluye notificación y rehabilitación provisoria. Si al momento de la sanción quedaran deudas con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar esos pagos dentro de los 90 días. Ese punto quedó como una de las variables a seguir en la etapa de implementación.
Durante el debate, Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los interlocutores con el oficialismo, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz por la oposición. Del lado oficialista, las negociaciones estuvieron a cargo de Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz. Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias, mientras que Juan Marino sostuvo que la oposición “no iba a tener el número” para prorrogar la emergencia y que el dictamen final era “absolutamente contrario” a lo remitido por Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli en el Presupuesto 2027.
