El Gobierno nacional creó un programa para extender a las cárceles provinciales el sistema de detección y bloqueo selectivo de celulares que ya funciona en establecimientos penitenciarios federales. La medida apunta a impedir que personas detenidas utilicen teléfonos para organizar delitos, impartir órdenes o sostener comunicaciones con estructuras criminales desde unidades penitenciarias. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La adhesión será voluntaria para las provincias, que deberán firmar un convenio específico y asumir la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología. Según la norma, la Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el esquema junto con las jurisdicciones que decidan incorporarse. El diseño traslada a cada administración provincial el costo operativo y técnico del sistema.
El mecanismo permitirá identificar y bloquear tres elementos asociados al uso de los teléfonos: el IMEI del aparato, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica. A diferencia de los inhibidores generales, la tecnología está orientada a detectar dispositivos específicos dentro de las zonas restringidas de las cárceles, sin afectar las comunicaciones en los alrededores. Si se produjeran interferencias sobre redes externas, los equipos deberán ser apagados hasta que el problema sea resuelto.
Procedimiento operativo El sistema prevé que los establecimientos penitenciarios detecten los dispositivos activos y elaboren reportes con sus identificadores. Esa información será cargada diariamente en un servidor del Ministerio de Seguridad Nacional, que actuará como intermediario entre las provincias y las empresas de telecomunicaciones. Una vez validada la solicitud, las compañías tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar el bloqueo y comunicar su cumplimiento.
Obligaciones provinciales El convenio también fija deberes para las provincias, que deberán mantener registros actualizados, realizar auditorías y designar responsables operativos. Además, tendrán que disponer de espacios seguros para que determinados funcionarios y profesionales autorizados dejen sus teléfonos antes de ingresar a las áreas sometidas a detección. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años. En Santa Fe, la aplicación dependerá de una eventual adhesión del gobierno provincial y de la definición de las unidades donde podría comenzar a implementarse.
