La Justicia de Córdoba resolvió esta semana que el Estado provincial debe responder por un caso de identidad cruzada ocurrido en 1977, cuando en una maternidad se intercambió a dos recién nacidas y fueron entregadas a familias equivocadas.
El fallo fue dictado el 6 de agosto por el juez Mariano Díaz Villasuso, titular del Juzgado Civil y Comercial de 35ª Nominación de la ciudad de Córdoba. Según la resolución, el error solo salió a la luz porque una de las mujeres afectadas inició en la adultez una investigación para confirmar su vínculo biológico con su familia.
Para ese trámite, la mujer recurrió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Las pruebas de ADN dieron resultado negativo y, a partir de esa inconsistencia, se revisaron los demás nacimientos registrados en la misma fecha en la maternidad cordobesa. Esa verificación permitió reconstruir el intercambio.
La reparación económica alcanzará a las dos mujeres y a una de las madres involucradas, con indemnizaciones de entre $25 millones y $30 millones, más intereses, según informó MDZ Online. El monto fue fijado como resarcimiento por el daño moral derivado de la entrega equivocada de los bebés y por las consecuencias personales y familiares que se extendieron durante décadas.
En su fallo, Díaz Villasuso sostuvo que la principal obligación de una maternidad es asegurar el parto en condiciones de seguridad y, después, la correcta entrega de los bebés a sus respectivas familias. También distinguió entre una obligación de medios, que exige desplegar diligencia, y una obligación de resultado, que en este caso refiere a la entrega correcta de cada recién nacido. El magistrado valoró además que las mujeres crecieron alejadas de sus familias biológicas y que, cuando la verdad salió a la luz, una de las madres y los dos padres ya habían fallecido.
Con ese cuadro, solo las hijas y una de las madres llegaron a conocer plenamente lo ocurrido. La resolución deja abierta ahora la etapa de ejecución de las indemnizaciones, mientras el caso queda como antecedente judicial sobre la responsabilidad estatal en fallas de identificación al nacer.
