Del total de los 2.090 efectivos penados, 315 fueron expulsados de la Fuerza por irregularidades graves.

La investidura policial, respetada y valorada en varios sectores de la sociedad, suele verse en ocasiones manchada por los propios efectivos que cometen actos impropios para su función o, en casos más graves, terminan en la comisión de delitos. El organismo de control de los miembros de la Fuerza es la Inspección General de Seguridad (IGS), que funciona desde el año 2000 pero que en los últimos años ha incrementado sensiblemente el tratamiento de esas causas.
Desde 2016 hasta setiembre de este año, período de gobierno de Alfredo Cornejo, la IGS sumarió a 2.090 uniformados mendocinos por diferentes inconductas. De ellos, 315 efectivos fueron cesanteados, es decir, despedidos de la Policía. Las estadísticas se registran y dividen por trimestre, por lo que a este 2019 todavía le faltan los números de los últimos tres meses.
Desde hace casi cuatro años el director de la IGS es Marcelo Puertas, abogado penalista elegido por el Gobernador saliente para ocupar el cargo. Las cifras de sumarios resultan altas, pero Puertas aclara: “El policía está inmerso en la sociedad, es parte de ella y puede tener faltas como cualquier ciudadano”. En el desglose de estos números, se instruyeron 337 expedientes en 2016; 694 en 2017; 791 en 2018 y 450 hasta septiembre de 2019. La sumatoria arroja 2.272 hechos que fueron investigados, concluidos y remitidos a la Junta de Disciplina, que en promedio ratifica el 92% de las penas que propone la IGS.
También en la Junta se define el tipo de sanción para el acusado, que en la gran mayoría de los casos se aplica con suspensiones temporales. Luego se pasa a las cesantías (quedan afuera de la Fuerza pero después de cinco años pueden desempeñarse en algún puesto de la administración pública) y, por último, la exoneración (tiene que haber una condena penal firme), “castigo” que no les permite volver a ninguna función en el Estado provincial.