El sanjuanino José Ignacio Acosta de León, de 41 años, sostiene que Medifé le interrumpió prestaciones vinculadas con su tratamiento y que la disputa llegó al Juzgado Federal N° 1 de San Juan en la causa 8822/2025. Según su relato, el expediente incluye medidas cautelares y sanciones económicas por incumplimientos, pero la cobertura aún no se habría normalizado. El caso expone el alcance de un conflicto entre un afiliado y una prepaga cuando interviene la Justicia para garantizar prestaciones de salud. La situación, además, involucra reclamos por acompañamiento terapéutico, medicación y reintegros.
En diálogo con TELESOL DIARIO, Acosta de León señaló que sus problemas de salud comenzaron cuando tenía 20 años y que desde entonces atravesó tratamientos psiquiátricos, incluida una internación voluntaria para evaluar medicación. Dijo que es asociado de la obra social desde 2007 y que nunca adeudó pagos. También indicó que, al obtener el Certificado Único de Discapacidad, pasó a requerir una cobertura integral de las prestaciones indicadas por sus profesionales. Según su propio relato, fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada, un cuadro depresivo agudo y un síndrome metabólico.
Medidas cautelares y multas
El conflicto, de acuerdo con su testimonio, se profundizó durante 2025, cuando cambió de equipo terapéutico en octubre y presentó la documentación ante la empresa. A partir de ese momento, afirmó que comenzaron los problemas con la cobertura y que se dictó una primera medida cautelar, luego ampliada para incorporar otras prestaciones. “Al día de hoy yo tengo sentencia cautelar ampliada, que es lo que debería estar cumpliendo Medifé, que tampoco lo cumple”, afirmó. También sostuvo que el expediente incorporó multas de $30.000 por cada día hábil de incumplimiento, luego elevadas a $100.000 diarios.
El afiliado afirmó que, con el paso del tiempo, la suma reclamada superó los $30 millones. En su denuncia pública, elevó esa estimación a más de $33 millones al incluir prestaciones, reintegros y sanciones que considera adeudados. Según su versión, la empresa no habría cumplido con los pagos ordenados ni con la cobertura posterior. En ese marco, describió lo que llamó “violencia burocrática” para referirse a respuestas parciales y demoras. “Siempre manejándose ellos con violencia burocrática, haciendo pagos, digamos, pagos aleatorios, así un poquito, así como para confundir a la justicia”, dijo.
Tratamiento interrumpido
Acosta de León aseguró que necesita 60 horas mensuales de acompañamiento terapéutico, distribuidas en 3 horas por día de lunes a viernes, y que hoy no cuenta con ese servicio. También dijo que lleva 2 meses sin cobertura regular de la medicación y que debe afrontar alrededor de $500.000 mensuales para comprarla. “Me quedé de un día para el otro que ya no pude pagar más a mis profesionales, sin el acompañamiento terapéutico”, relató. Añadió que la falta de respuestas lo dejó, según sus palabras, “en soledad crónica las 24 horas los 7 días de la semana”.
El caso continúa en trámite ante la Justicia Federal de San Juan y, según el propio Acosta de León, intervienen dos abogados, además de la Defensoría del Pueblo y otros organismos a los que acudió en busca de respuestas. El sanjuanino afirmó que conserva documentación y comprobantes de lo reclamado. En su planteo, pidió que se cumplan las prestaciones, las multas y los reintegros ya ordenados. La variable a seguir es si el juzgado adopta nuevas medidas para hacer efectiva la sentencia cautelar ampliada o si la empresa regulariza la cobertura reclamada.
