San Juan registró 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) durante 2025, según el último informe de Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health. El dato corresponde al subsector público de salud y fue completado con información de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR). El relevamiento permite ubicar a la provincia dentro del mapa nacional de acceso a la Ley 27.610, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.
En el conjunto de 20 provincias analizadas, el informe contabilizó 87.603 IVE e ILE durante 2025. Proyecto Mirar señaló que, al comparar esas mismas jurisdicciones con el año anterior, no se observaron cambios significativos en la cantidad de prácticas. En el caso sanjuanino, el número quedó por encima de las 1.000 intervenciones y se ubicó en un rango intermedio dentro del relevamiento nacional.
Alcance del relevamiento Los registros más altos correspondieron a Buenos Aires, con 41.446 prácticas; Ciudad de Buenos Aires, con 9.458; Córdoba, con 9.341; Santa Fe, con 4.094; Mendoza, con 3.370; y Tucumán, con 2.417. También fueron relevadas Chaco (1.376), Chubut (805), Corrientes (1.933), Entre Ríos (1.360), Jujuy (1.973), La Pampa (403), La Rioja (1.101), Misiones (1.359), Neuquén (1.457), Río Negro (1.140), San Luis (1.447), Santa Cruz (873) y Tierra del Fuego (593). Proyecto Mirar aclaró que la cobertura y la calidad de la información no fueron homogéneas entre jurisdicciones, por lo que recomendó cautela al comparar provincias.
Cómo se obtuvo el dato El informe indicó que realizó pedidos de acceso a la información pública a las 24 jurisdicciones. En esta edición obtuvo respuestas de 16 provincias, mientras que la DNSSyR aportó información parcial para otras jurisdicciones. Con esa base, el relevamiento completó los registros de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán. Para la provincia, esto significa que el dato publicado es parte de una reconstrucción estadística apoyada en respuestas oficiales y no en una única fuente administrativa.
Financiamiento y continuidad El estudio también analizó los cambios en la política sanitaria nacional desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según Proyecto Mirar, el Ministerio de Salud de la Nación discontinuó la compra de insumos destinados a los servicios de aborto y 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio. A partir de datos de Presupuesto Abierto, el informe estimó además una caída del 57% entre 2023 y 2026 en el gasto del programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable, y calculó una reducción del 93% en la cantidad de mujeres protegidas con métodos anticonceptivos financiados por ese programa al comparar 2024 con la proyección para 2026.
Red pública y próximos datos Pese a ese escenario, el relevamiento registró durante 2025 una red pública de atención en las provincias informadas. En las 19 provincias que aportaron la cantidad de establecimientos, se identificaron 1.846 efectores públicos que garantizaban el acceso a IVE e ILE. La atención se concentró principalmente en el primer nivel, y en 11 jurisdicciones alrededor del 90% de las interrupciones se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación. En el caso de San Juan, el informe permite conocer el volumen de prácticas, pero no detalla cuántos efectores públicos garantizaron la atención ni cuánto destinó el Gobierno provincial a la compra de insumos, dos variables que siguen sin desagregación provincial en el relevamiento.
