San Juan será sede del primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad pública, organizado por el Gobierno provincial junto con la ONG CLICLEX, especializada en herramientas para combatir el cibercrimen. La actividad reunirá a 12 expositores del exterior y a especialistas sanjuaninos, en un contexto en el que las investigaciones por delitos digitales suelen exceder una sola jurisdicción.
Enfoque institucional El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó en diálogo con Radio Mil20 que el objetivo es capacitar e intercambiar información sobre nuevas modalidades delictivas y los recursos necesarios para investigarlas. Según indicó, el encuentro busca fortalecer la articulación entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y actores privados. La convocatoria incluye a fuerzas de seguridad, representantes del Foro de Abogados de San Juan y al Ministerio Público Fiscal.
Delitos y evidencia Durante el congreso se abordarán la evidencia digital, informática y forense, la persecución penal de los delitos cometidos en entornos virtuales y las investigaciones vinculadas con criptomonedas. También se analizarán herramientas para rastrear operaciones ilícitas y el marco jurídico que regula esas actuaciones. Delgado sostuvo que una estafa digital puede atravesar límites provinciales y requerir intervención coordinada de distintos organismos, por lo que la participación debe ser público-privada.
Capacidad local El funcionario señaló que en la provincia existen personal técnico, desarrolladores, el D8 —área tecnológica de la Policía— y equipos dedicados a delitos complejos. Sin embargo, advirtió que la evolución del ciberdelito obliga a actualizar de manera permanente herramientas y conocimientos. “Esto del ciberdelito es muy dinámico, es más dinámico que el delito tradicional que todos conocemos”, afirmó. En ese marco, consideró necesario integrar las capacidades de la seguridad convencional con nuevos métodos de investigación y tecnologías emergentes.
Control legal Delgado también remarcó que la incorporación de estas herramientas debe realizarse dentro de un marco legal que garantice los derechos de los ciudadanos. Señaló además la necesidad de supervisar cómo se investiga, con especial atención al almacenamiento y tratamiento de la información obtenida. “Tenemos que dar las garantías a la persona que trabaja, tenemos que también supervisar cómo se investiga”, sostuvo. El congreso apunta a dejar instaladas capacidades de trabajo conjunto para un tipo de delito que, según la propia autoridad provincial, no se limita al territorio de San Juan.




