Durante 2025, el sistema público de salud de San Juan registró 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE-ILE), según el informe anual de Proyecto Mirar y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). El relevamiento analiza la implementación de la Ley 27.610 y ofrece una referencia sobre la demanda atendida por la red pública provincial. La cifra ubica a la provincia dentro del mapa nacional de prestaciones informadas por las jurisdicciones relevadas.
En el total del país, el estudio contabilizó 87.603 procedimientos en 20 jurisdicciones, una cantidad que, de acuerdo con el informe, se mantuvo en niveles similares a la medición anterior. En la comparación provincial, San Juan quedó por debajo de Buenos Aires (41.446), Córdoba (9.341), Tucumán (2.417), Jujuy (1.973) y Corrientes (1.933). También superó los registros informados por otras provincias, entre ellas San Luis, Entre Ríos y Misiones.
Red de atención
El reporte indica que 1.846 establecimientos públicos del país garantizan actualmente el acceso a IVE-ILE. La mayoría corresponde al primer nivel de atención, es decir, centros donde se resuelven consultas y prácticas de menor complejidad, una organización que las investigadoras asocian con la posibilidad de acceder en etapas más tempranas del proceso. En la mayoría de las jurisdicciones relevadas, alrededor del 90% de las interrupciones se realizó durante las primeras 12 semanas de gestación. El informe agrega que el aborto con medicamentos sigue siendo la modalidad predominante.
Financiamiento provincial
Uno de los puntos centrales del documento es el financiamiento de los insumos necesarios para sostener la prestación. Según Proyecto Mirar, tras la discontinuidad de la compra centralizada de determinados medicamentos por parte del Estado nacional, 13 provincias comenzaron a adquirir insumos con recursos propios. Entre ellas figuran Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El relevamiento vincula ese escenario con una reducción del presupuesto nacional destinado al programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Para San Juan, los 1.657 procedimientos registrados durante 2025 funcionan como indicador de la demanda absorbida por el sistema público provincial y como parte de la base estadística usada para evaluar la aplicación de la Ley 27.610. El informe deja abierto el seguimiento sobre la continuidad del financiamiento y la capacidad de las provincias para sostener la provisión de insumos con recursos propios en el período siguiente.
