El Poder Ejecutivo de San Juan remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para subastar los vehículos radiados en controles de tránsito, una medida orientada a descomprimir el depósito judicial ubicado en 9 de Julio. La iniciativa contempla el remate de autos que aún estén en condiciones de circular y la venta como chatarra de aquellos que no puedan recuperarse. El esquema también busca ordenar el destino de unidades acumuladas durante años y establecer un procedimiento para su disposición final.
La discusión quedó abierta en torno a quiénes podrán participar de esas subastas y a la posibilidad de que un infractor recupere su vehículo. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que primero deberá dictarse el decreto reglamentario y luego realizarse un análisis técnico de cada unidad. Según indicó, los vehículos que no reúnan condiciones seguirán el proceso de compactación.
Reglas de acceso
Sobre los posibles compradores, Palma sostuvo: “el decreto va a fijar eso, pero en principio cualquier persona humana o jurídica que tenga condición fiscal habilitada podría ser postor”. Esa definición deja en manos de la reglamentación los requisitos finales para intervenir en el remate. En paralelo, el proyecto prevé clasificar los rodados con informes técnicos de la Secretaría de Seguridad. La instrumentación concreta dependerá de esa etapa posterior a la sanción legislativa.
Depósito colapsado
El predio de 9 de Julio alberga miles de vehículos radiados y llegó a una ocupación estimada entre el 80% y el 85% de su capacidad. El acopio prolongado a la intemperie también genera un riesgo ambiental por derrames de aceite y otros líquidos contaminantes. En ese marco, se consignó que hubo tandas de más de 1.800 vehículos notificadas en edictos recientes, lo que dimensiona la magnitud del stock acumulado.
Destino de los fondos
La reforma de la Ley 1810-A establece que lo recaudado por los remates se destinará a salud, educación, infraestructura y asistencia social. Además, incorpora una obligación de rendición de cuentas anual sobre esos recursos. Si la Cámara de Diputados aprueba el texto, el siguiente paso será la reglamentación mediante decreto y la selección de los vehículos alcanzados por el sistema de subasta o compactación.
