El asesor letrado de Gobierno de San Juan, Alejandro Ferrari, informó que una reunión en Casa de Gobierno avanzó en la coordinación para aplicar el régimen penal juvenil en la provincia. Según explicó en una entrevista radial en La MIL 20, el encuentro reunió a autoridades judiciales, legislativas y del área social vinculadas con la ejecución de la nueva normativa.
Reunión interinstitucional Del encuentro participaron la jueza María Julia Camus, la defensora oficial de menores López, el diputado Córdoba, el subsecretario de Seguridad Villavicencio, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia Trincado, el doctor Fernando Castro y Daniel Molina, referente local de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Ferrari señaló que se analizó el proyecto complementario presentado de manera provisoria por la Corte de Justicia local, mientras se espera el código definitivo que prepara la Asesoría Letrada. La coordinación apunta a definir cómo se implementarán las medidas previstas para menores en conflicto con la ley.
Enfoque de la norma Ferrari sostuvo que la ley no prioriza el aspecto punitivo y que su eje está puesto en la reinserción del menor. En ese marco, mencionó como alternativas a la privación de la libertad la reparación integral, la mediación y las tareas socioeducativas junto a la Dirección de Niñez. Ese esquema ubica la detención como última opción dentro del sistema de respuesta estatal.
Capacidad de alojamiento Consultado por el Instituto Nazario Benavídez, Ferrari indicó que la institución no va a colapsar y que las obras de refacción y adecuación de sanitarios por seguridad están casi terminadas. También afirmó que la estadística que mencionó en la entrevista muestra que el 2% de los delitos son cometidos por menores. Según esa proyección, las instalaciones actuales alcanzarían para la aplicación de medidas no privativas de la libertad sin necesidad de ampliar de manera inmediata.
Próximos pasos El funcionario agregó que el código definitivo sobre la materia está en elaboración en la Asesoría Letrada, por lo que la implementación quedará atada a ese texto y a la coordinación con la Justicia. En paralelo, el Gobierno provincial anticipó un proyecto de ley para transparentar la adjudicación y la escrituración de viviendas del IPV, aunque en la información difundida no se detallaron plazos ni alcances de esa iniciativa.
